El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real aprobó todos sus puntos por unanimidad en los consejos de Administración celebrados ayer, con presidencia de Pedro Antonio Palomo, diputado provincial.
En primer lugar se celebró el Consejo de Administración del Consorcio RSU donde, tras aprobarse el acta de la sesión anterior, salió adelante la autorización para declarar la empresa pública RSUSA como medio propio personificado del Consorcio.
Como explicó Pedro Antonio Palomo, esto obedece a que, con la nueva normativa, la estructura jurídica por la cual el Consocio gestiona directamente a través de la empresa RSUSA ha de ser actualizada para adaptarla, en su caso, a la nueva legislación, lo que especialmente exige la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017).
Por tanto, para que el Consorcio RSU pueda ejecutar directamente los servicios de gestión de residuos encomendados por los Ayuntamientos mediante su empresa RSUSA, ésta ha de tener la calificación de medio propio personificado del Consorcio, lo que ha de ser expresamente reconocido por los Estatutos de RSUSA.
Para que esta modificación de Estatutos sea posible, se precisa la previa autorización del Consorcio, para lo que se tienen que cumplir los siguientes requisitos: control del Consorcio sobre RSUSA; más del 80% de actividades de RSUSA han de llevarse a cabo para el ejercicio de las actividades encargadas por el Consorcio; totalidad de capital público de RSUSA, propiedad del Consorcio RSU y verificación de que RSUSA cuenta con los medios personales y materiales apropiados para realizar los encargos que el Consorcio RSU le confiera.
Como consta el cumplimiento de los citados requisitos, el Consejo de Administración acordó autorizar a RSUSA, por unanimidad, para que incorpore a sus Estatutos su condición de medio propio personificado respecto al Consorcio, y elevar este acuerdo para su aprobación final a la próxima Asamblea General, que tendrá lugar en junio.
A continuación se celebró el consejo de Administración de RSUSA, en el que se adjudicó el contrato de venta de bioestabilizado (el compost que sale de la bolsa de basura genérica), a la única empresa presentada, Fertilización Orgánica y recuperación de suelos SL, al precio de 0,25 euros más IVA la tonelada.
