Así consta en el Auto emitido por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Ciudad Real y que Luis Benítez de Lugo, el arqueólogo que denunció el caso, ha remitido a este medio.
Benítez de Lugo señala que la Fiscalía ha formulado el escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral y que ese juzgado ha emitido el pasado 31 de agosto un nuevo Auto referido al conocido ‘Caso Arqueólogo’. Este proceso judicial aborda la investigación “de un posible caso de corrupción en el Ayuntamiento de Valdepeñas, sucedido con motivo de la creación de un puesto de trabajo (arqueólogo municipal)”, explica De Lugo.
Recordamos que dicho proceso fue denunciado por Luis Benítez de Lugo, profesor universitario y arqueólogo, quien ya obtuvo 4 sentencias favorables en la vía Contencioso-Administrativa por este tema. En esa vía, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estableció, según el literal de sentencias ya firmes, que “el Ayuntamiento de Valdepeñas gobernado por el socialista Jesús Martín había tenido la intención clara de vulnerar un pronunciamiento judicial, la intención de favorecer a un aspirante respecto a otro, que se ha visto obligado a litigar para defender su derecho a aspirar a un puesto público en condiciones de Igualdad, y también que el Ayuntamiento era responsable de causar “daños morales”, explica De Lugo. En 2010, una vez finalizada la vía Contencioso-Administrativa, el denunciante formuló una denuncia penal, cuya instrucción se ha prolongado siete años para investigar los hechos.
“El ayuntamiento debería publicar las sentencias judiciales perdidas”
El arqueólogo Luis Benítez de Lugo ha declarado que “a lo largo de todo este tiempo el Ayuntamiento de Valdepeñas ha arropado a los principales actores de aquella manipulación, en un caso clarísimo de corrupción. Además, este Alcalde instó a los Servicios Municipales (imputados) a elaborar un informe supuestamente técnico contra mi descubrimiento del cementerio de la Edad del Hierro perteneciente al poblado ibérico del Cerro de las Cabezas, que el ayuntamiento no había encontrado. Hay que recordar que el propio alcalde negó ante los medios el descubrimiento. Aquel informe de los técnicos municipales, muy flojo y repleto de falsedades, fue utilizado y remitido a la Fiscalía para imputarme durante dos años un inexistente delito contra el Patrimonio Histórico. Hace dos años su denuncia de unos hechos que no habían sucedido quedó sobreseída y archivada. Lo revelador de todo ese caso es cómo reacciona este gobierno socialista cuando se destapa que da trabajo público a dedo. Así es como crea una corte de trabajadores dóciles que luego son capaces de preparar los documentos que su alcalde les pide, para ser utilizados con fines políticos. Algo similar se descubrió en Torre de Juan Abad, viéndose forzado a dimitir su alcalde, que era también del PSOE. Dentro del ayuntamiento de Valdepeñas, no ha sido la única corruptela de esta clase. Por ejemplo, el alcalde presidió una plaza en una oposición cuyo tribunal fue declarado ‘viciado’ por la Justicia, por haber dado a dedo la plaza a alguien que no había contestado el tema que salió por azar, sino que respondió otra cosa. O también el caso de la indemnización de aproximadamente 100.000 euros que recientemente los tribunales de lo Contencioso-Administrativo han establecido debe Valdepeñas pagar a J.M.G.G., trabajador municipal que fue ‘saltado’ de una bolsa de trabajo cuando le tocaba a él ser contratado. En este caso no se ha iniciado un proceso penal como yo sí he hecho, pero de nuevo es más que probable la existencia de prevaricación. Si en mi caso concreto los tribunales consideran que existen indicios de que Felipe Rodríguez, exconcejal de Cultura, ha cometido un delito, en este caso el máximo responsable político del área es José Manuel Patón Incertis, concejal de Deportes. Frente a todas estas arbitrariedades lo que sucede es que los enchufados entran, a quienes correspondería trabajar se quedan fuera, y el pueblo de Valdepeñas paga los gastos y sufre las consecuencias. En un ejercicio de transparencia, estaría bien que publicaran los gastos y las sentencias judiciales de procesos perdidos, producidas por sus decisiones corruptas”.
“Imputados y fianza de 275.000 euros”
El Auto ahora emitido, además, declara pertinentes una serie de pruebas propuestas por las partes, adoptando las medidas necesarias para asegurar su práctica durante el juicio oral.
Según De Lugo "junto al Ayuntamiento de Valdepeñas se encuentran imputados por prevaricación administrativa cuatro miembros del tribunal que evaluaron los méritos y los tres exámenes de los arqueólogos: Salvador Galán Rubio (abogado y Secretario del tribunal de selección), Felipe Rodríguez Aguilar (maestro y Presidente del tribunal calificador), Juan Rodríguez Rincón (licenciado en Teología y representante del Comité de Empresa) y Rosario García Huerta (profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, designada técnica del tribunal evaluador por la Alcaldía). A Javier Pérez Avilés (arqueólogo y Jefe de Cultura de Valdepeñas) y Julián Vélez Rivas (arqueólogo municipal), codirectores del yacimiento Cerro de las Cabezas, se les imputa un delito de tráfico de influencias.Todos ellos han sido declarados responsables de una fianza de 271.000 euros, depositada ya en los Juzgados, destinada a cubrir la eventual Responsabilidad Civil del caso".
