Dado que no me permitió ni el PSOE ni IU presentar una moción en el último pleno del 7 de marzo en la que defendía las razones para que existan las Diputaciones Provinciales – cuando paradójicamente en la Diputación de Ciudad Real se ha suscrito un acuerdo entre PSOE y PP en defensa de su permanencia -, tema que puede parecer manido, pero que es esencial para la futura organización de España que quieren hacer algunos aventureros, me permito utilizar las páginas de este medio para llevar a cabo esa defensa, que no he podido llevarla a cabo en aquel lugar en donde la libertad de expresión se concede como una lismosna.
Las Diputaciones Provinciales en España han sido y son instituciones fundamentales en la coordinación de los Ayuntamientos que componen una demarcación provincial, y por ello mismos son fundamentales en la vertebración de los territorios provinciales. Aquellas competencias municipales que no pueden asumir los Ayuntamientos modestos, son asumidas gracias a las Diputaciones Provinciales. Y respecto a los Ayuntamientos más poderosos las Diputaciones Provinciales asumen mediante sus representantes su personalidad local e intereses que configuran la personalidad e intereses de la Provincia.
La personalidad jurídica de las provincias es asumida por las Diputaciones. Mientras nuestro territorio nacional se organice en provincias, las Diputaciones Provinciales son imprescindibles. A partir del siglo XVIII es la provincia, por influencia francesa, la que predomina sobre la organización de los antiguos reinos. Existían en el siglo XVIII 32 provincias, muy desiguales por razones históricas, a cuyo frente aparece un nuevo funcionario, el intendente, definitivamente establecido en 1749. De origen militar, esta magistratura englobó muy pronto funciones financieras y administrativas de toda índole. De ella procederán los Gobernadores Civiles de los siglos XVIII y XIX ( semejantes a los Prefectos franceses, en los que se inspiraban ).
Desde hace más de 150 años se ha mantenido inalterable la división del territorio español en 50 provincias ( al principio, fueron 49, pero, posteriormente, Canarias se dividió en dos ), de extensión y población bastante variables. En ellas, el Gobernador – hoy subdelegado del Gobierno – es el representante de la Administración Central, pero hay, a su vez, una Diputación Provincial que representan los intereses propiamente provinciales, y que sin ella la provincia carecería de personalidad jurídica y voz. Es así que las Diputaciones Provinciales no sólo son una representación territorial, sino también corporativa, al estar formada por concejales de todos los partidos judiciales. Han tenido una vastísima competencia en materia de Comunicaciones ( hasta una gran parte de las líneas de ferrocarril se deben a ellas ), beneficencia ( asilos, importantes hospitales provinciales, algunos de ellos muy destacados en el panorama nacional ), educación, cultura, etc.
En conclusión, defendemos de forma categórica las Diputaciones, y sostenemos que no se ahorra el despilfarro que generan las autonomías eliminando precisamente una institución utilísima, perfectamente enraizada en la Historia de España, y que colabora como pocas en la articulación de la unidad nacional.