Esta finalidad sería una perogrullada si las abstrusidades políticas de algunos partidos – que miran más por sus intereses que por el sincero respeto al método de tomar decisiones en una Democracia – no la intentaran ensombrecer y complicar con mil falsos galimatías. Quienes atacan la Ley sólo buscan el interés del Partido, y el impulso del interés personal en pugna manifiesta con el bien público; y no el bien común y el triunfo de la mayoría.
El PSOE, que en su día propuso en su Programa Electoral, la elección directa de los alcaldes por el pueblo elector, ahora se abraza a una excusa temporal para rechazar la Ley de Rajoy: no se puede promulgar una ley electoral antes de unas elecciones que se celebrarán dentro de nueve meses (¡!). Según esta teoría de los adecuados tiempos – que recuerdan los kairoì de los estoicos – el último año de unas elecciones distintas a las Elecciones Generales no se podría legislar, y con mayor razón en el último año de la Legislatura, con lo que el Ejecutivo y el Legislativo sólo cumplirían con su función constitucional dos de cada cuatro años. Pero la aberración no puede continuar. No pueden seguir existiendo pueblos con 21 o 25 concejales cuyo alcalde sea de la formación que obtuvo un solo concejal.
En la actualidad 462 Ayuntamientos, algunos de ellos muy importantes, tienen como alcalde, como máximo representante del pueblo o ciudad, personas que no han sido las más votadas por sus conciudadanos, y que si son alcaldes, lo son sólo por los pactos de partidos minoritarios perpetrados a espaldas de la ciudadanía y los vecinos.
Desde que Oliveira Salazar tranformase el mapa electoral portugués, con su “Estado Nuevo” de los Años 30, cambiando la fórmula “un hombre, un voto”, por “una familia, un voto”, no se habían visto tantas delirantes teorías electorales – junto a una buena dosis de pervicacia política – como torpes expresiones críticas al sentido común que fundamenta y alienta la Ley electoral de municipios propuesta por nuestro Presidente Rajoy.
