A estas alturas, nadie duda de que tenemos un problema y no uno cualquiera. Es un problema esencial, porque afecta a la integridad misma del Estado. Lo que hoy se está planteando por algunos es “la ruptura del Estado” y eso altera la idea misma de lo que es España. Hemos construido, hemos llamado España, y hemos logrado entre todos, a lo largo de la historia, que así sea conocida y reconocida en la comunidad internacional, y no puede decidirse su final, su ruptura, por una parte de ese conjunto, de esa unidad. Debemos decidirlo todos.
Algunos de los partidos políticos catalanes, por mucha mayoría que tengan, y, lo que es más relevante, la propia Generalitat de Cataluña han defendido, primero en términos políticos y ahora en términos también jurídicos, que lo que sea Cataluña solo les compete a ellos aunque con sus decisiones afecten al hoy y al mañana del conjunto de los españoles, entre los que ellos mismos se encuentran.
Pretenden aparentar legalidad, y lo que hacen es suplantarla. Le llaman consulta a lo que es un auténtico referéndum. Le llaman derecho a decidir, cuando lo que pretender decidir le afecta al conjunto y no a ellos solos. Hacen un juego de palabras con “desobediencia civil” y el “se hará conforme a la legalidad”. Ambas cosas a la vez no caben en cualquier ideario. Están falseando la realidad y engañando a los suyos.
No hace falta más para captar la dimensión del desafío: es el primero y más grave, el principal problema político que debemos afrontar. Es la hora, pues, como apuntaba Azaña, del legislador y el gobernante, es decir, de la ley y la política.
Primero, la ley. Todos sabemos, incluidos los promotores de la iniciativa, que el proceso en que se han metido no cabe en la Constitución porque viola la soberanía que, en forma indivisible, corresponde al conjunto de los españoles. Por ello el PSOE ha apoyado todo lo que el Gobierno de Rajoy hace en este sentido.
Pero todos nos engañaríamos si pensásemos que, con esto, hemos arreglado todo. El problema no es solo de legalidad. Es un problema político, y así hay que afrontarlo. El Gobierno de España se equivoca si se cree que con la contundencia ante el cumplimiento de la ley, -que apoyamos-, ya está arreglado el problema. El problema sigue, y seguirá, y se empeorará, cada vez más, mientras no se acometa por la vía de la política. El PSOE a través de su secretario general, ha puesto encima de la mesa una propuesta, y los líderes del PP la están minimizando. No es justo, ni democrático. Rajoy tiene que hablar con todos hasta encauzar el problema.
