La complicación de los debates políticos se aclara, en ocasiones, cuando lo que sale a la palestra no son ideas sino números. Y números que son dinero, contante y sonante. Como afirman Jaime Castellano y Carlota Tarín en Ahora, (periódico semanal en el que publicaron su artículo el 3 de julio de este año), «el análisis de los sueldos públicos es complejo. A la falta de transparencia informativa y legislativa hay que añadir que sería más correcto manejar el concepto de “paquete retributivo”, más amplio y preciso que el de sueldo o retribución.
El paquete retributivo está compuesto por una retribución fija, una retribución variable y un conjunto de prestaciones o beneficios sociales (que en algunos casos abarcan un abanico amplio de posibilidades: aportaciones a planes de pensiones, coche oficial, ayudas a la vivienda, seguros médicos, comunicaciones móviles, equipamiento informático, iPads, etc.).
Muchos de los componentes de ese paquete retributivo son opacos y presentan una enorme variedad. Se plantea, por tanto, la necesidad de regular y homogeneizar las retribuciones en especie o los beneficios sociales que perciben los altos cargos, especialmente los del sector público empresarial, ya que en la actualidad no se conoce cuáles son ni cuál es su coste para las arcas públicas». El debate y la controversia están servidos y repartidos por toda la geografía.
En Valdepeñas: Siete serán los concejales del PSOE liberados en el organigrama de la administración pública. Cinco de ellos a cargo de los presupuestos municipales.
Para Izquierda Unida, las liberaciones políticas son necesarias pero los «paquetes retributivos» no pueden estar tan desconectados de la realidad cotidiana de nuestros vecinos y nuestras vecinas.
Vean por qué lo decimos:
Nos encontramos con dos Tenientes de Alcalde, Dña. Vanessa Irla y D. Francisco Delgado que cobrarán 48.000 euros brutos, lo que equivale a catorce pagas mensuales de 3.420 euros. No olvidemos, además, que el concejal D. Francisco Delgado tenía concedida la compatibilidad laboral, aprobada en la pasada legislatura sólo con el voto del P.S.O.E. Obviamente exigimos que nuevamente se someta a la aprobación del Pleno.
Pero podemos añadir que D. José Antonio Sánchez Elola, Dª Julia Cejudo y Dª María del Mar Marqués cobrarán 36.000 euros brutos anuales, lo que mensualmente se traduce en 14 pagas de unos 2.500 euros (aprox.)
El presupuesto anual de estos desproporcionados cuando no abusivos sueldos, asciende a 204.000 euros anuales, que salen de las arcas del Ayuntamiento, o sea, también de nuestros bolsillos.
Y, como guinda presupuestaria, el Sr. Alcalde y el Tte. de Alcalde D. Manuel Alcorocho, además de lo que perciben como senador y diputado provincial, respectivamente, tendrán una asignación mensual municipal de aproximadamente 800 euros (entre plenos, comisiones y juntas de gobierno).
No tiembla el pulso de quienes aprueban estas asignaciones para liberados/as. En cambio, las asignaciones directas a los grupos políticos se plantean como un recorte a la capacidad de hacer política por parte de los Grupos Municipales de la oposición, al proponerse una rebaja de un 60 % menos de los recursos.
Estas asignaciones a los grupos municipales (obsérvese que la regulación legal no habla de subvenciones) son un hecho frecuente en nuestras corporaciones, sobre todo las de cierta entidad, importado de los reglamentos de los distintos parlamentos que así lo establecen, con un referente propio en el artículo 27 del ROF señalando que, en la medida de las posibilidades, "las corporaciones deben poner a disposición de los grupos políticos los medios materiales que les sean necesarios para su funcionamiento". Fomentar la igualdad es un pilar básico de la democracia, cuando no más del propio ideario socialista.
Restar, a la oposición capacidad de intervención en los asuntos municipales es una decisión de carácter político que nada tiene que ver con cumplir la normativa del Tribunal de Cuentas y en aras a la transparencia, por mucho que el Sr. alcalde declare a los medios informativos que "han acordado que así sea para que el dinero tenga una trazabilidad limpia y clara". La «trazabilidad» de los concejales está clarísima y el dinero que los concejales reciben es limpio. Llevamos años haciendo públicos nuestros "sueldos" y es fácil consultar los certificados de IRPF http://xn-iuvaldepeas-9db.com/?p=188819 remitidos al respecto por el Ayuntamiento, lo que nos permite pedir a todos que hagan lo mismo.
Obviamente, queremos denunciar el trasfondo de la cuestión: crear dificultades para el desarrollo de las funciones de los grupos políticos. Una gestión democrática exige crear y mantener los mecanismos necesarios para que todos los grupos tengan sus correspondientes recursos y oportunidades de trabajar para la ciudadanía. Por tanto, se hace necesario redactar y aprobar un Reglamento de Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento que deje claras las reglas del juego (democrático).
Apelamos al Código del Buen Gobierno de la FEMP, a la normativa básica en práctica en infinidad de ayuntamientos para que se aplique la proporcionalidad tanto en las liberaciones de la oposición como en el nombramiento del personal auxiliar para cada uno de los grupos, o en la representación de los órganos colegiados.
No se puede retorcer o abusar de la norma (o de su ausencia) para intentar bloquear nuestra labor de oposición. Una ajustada mayoría (11 de 21) no debe someter a todo un pueblo a su voluntad.
