La nueva Ley Orgánica de Educación, LOMCE, ha librado de minas al campo de la educación pública. Directamente, la ha puesto en un sarcófago y la ha hundido en una pirámide, y no de valor, sino de miserias.
Mientras que las actuales e innovadoras tendencias educativas y de políticas de gestión pública apuestan por modelos democratizadores, por Consejos Escolares participativos, por directores que ejercen un liderazgo relacional, por la construcción de verdaderas culturas de Comunidad Educativa, el actual gobierno central de España y diferentes gobiernos autonómicos, y de forma activa el gobierno de Castilla-La Mancha hacen caso omiso de ellas y apuestan por “su” modelo LOMCE.
La LOMCE es “su” modelo. Un modelo impuesto de forma unilateral con la oposición de todos los actores de la Comunidad Educativa general. Es una ley que apuesta por un paradigma retrógrado de la educación. Se vuelven a modelos cuantitativistas, economicistas, donde importan los objetivos, el cumplimiento de resultados y los currículums jerárquicos y cerrados. ¿Dónde quedan los procesos, las interacciones, la autonomía pedagógica, la participación social en la educación?
Un ejemplo relevante de este nuevo y viejo modelo educativo que nos trae la LOMCE es el papel que van a tener Consejos Escolares y Directores de colegios públicos. Los Consejos Escolares dejan atrás su trayectoria participativa de construcción democrática de comunidades educativas, de ejes canalizadores de los proyectos educativos de los centros. Su nuevo rol es el de meros órganos consultivos, que, en el mejor de los casos, podrán evaluar determinados aspectos de los centros pero no formarán parte del proceso de toma de decisiones en el ejercicio de las políticas públicas de educación.
Los directores de los colegios públicos pasan a ejercer un papel central, como hasta el momento. Pero ese papel central va a dejar de ser el de un líder transformador, demócrata, canalizador y dinamizador de la vida educativa de los centros para convertirse en la figura de cera que la Administración Educativa utilizará para la implementación unilateral de sus políticas públicas. Hasta el mismo proceso de selección del director deja de ser democrático. Los Consejos Escolares dejan de ser el órgano decisorio máximo para ser una comisión la que se ocupe de dicha selección, integrada por un 57 % de representantes de la Administración Educativa, un 28 % por los docentes del Claustro y un 15 % por las familias del centro. Es decir, los directores serán elegidos por el dedo amigo de la diosa Administración.
¿Qué nos queda? Mientras que la sociedad en general y el mundo de la educación en particular están hastiados de un modelo político en auténtica decadencia y claman por nuevos esquemas democráticos y nuevos liderazgos relacionales y facilitadores de la gestión de las políticas públicas, los responsables políticos con tareas y responsabilidades de gobierno sustituyen la construcción participada de la educación por el ejercicio jerárquico y autoritario de legislar en beneficio de una educación sesgada por el ojo particular de unos pocos. La realidad es clara y meridiana: sólo nos queda el cambio, la lucha por la verdadera democracia en las políticas públicas educativas.
