Los servicios sociales y sanitarios a los que hemos acudido nos dicen que, en general, los casos están controlados y atendidos hasta dónde la ley lo permite, es decir, que cuando ocurre un caso así, el proceso que se inicia es presentar la demanda ante la fiscalía para que el juez otorgue la incapacitación necesaria que conlleva el nombramiento de un tutor que puede ser persona física (por ejemplo, algún familiar) o jurídica (alguna Fundación especializada en tutelas) que se haga cargo de esta persona. Pero entre la presentación de la demanda y la ejecución de la sentencia, se pueden pasar un mínimo de tres meses (a veces, más) tiempo durante el cual, los servicios sociales o sanitarios no pueden hacer nada que vaya en contra de la voluntad del enfermo, pues, al no estar incapacitado todavía, tiene pleno derecho a decidir lo que hace con su vida.
Aquí es donde hemos detectado el problema. Creemos que existe un vacío legal o reglamentista que impide actuar en esta situación y eso origina situaciones que pueden llegar a ser dramáticas, incluso mortales para el afectado o su familiar. No entendemos que la ley no contemple medidas cautelares (como ocurre en los casos de violencia de género) que permita la intervención profesional en cuestión de horas, para evitar males mayores. Un equipo en el que siempre debería haber un profesional sanitario (psiquiatra o psicólogo) además de un miembro de los servicios sociales y de la fiscalía, que pudiera realizar una evaluación urgente del enfermo y de su entorno y tomar decisiones de ingreso urgente o no, dependiendo del caso. Sabemos que si un familiar o vecino llama al 012, la policía interviene de inmediato, pero esta medida presenta dos problemas: Uno, que la gente es muy reacia a llamar a la policía para casos de este tipo y dos, que si el enfermo mental reacciona con calma y disimulo, la policía se encuentra incapacitada para intervenir, ya que sólo puede hacerlo cuando existe escándalo público o amenazas de agresión.
Por otro lado, conocemos la existencia de programas de salud mental, llamados de “Asertividad Comunitaria” en los cuales la figura de los “gestores de casos” (que suelen ser profesionales de enfermería formados), suelen llevar el control en su área de estos casos, realizan visitas a domicilio para evaluar situaciones y activan otros recursos cuando son necesarios. Lamentablemente, en Castilla la Mancha, sólo funciona en el área sanitaria de Albacete, parece ser que con buen resultado, pero el resto de las áreas no tienen desarrollados estos programas por carencias de personal y de recursos materiales.
Por todo lo expuesto, solicitamos que intervengan decididamente a favor de las personas con enfermedad mental y de sus familiares, tomando medidas que sean de su competencia o planteándolas en los foros competentes en los que intervengan, con el objetivo de generalizar los programas de Asertividad Comunitaria, dotando de Gestores de casos a los equipos sociosanitarios y otras medidas cautelares que permitan la intervención rápida y urgente en estas situaciones, impidiendo el vacío legal que ocurre actualmente. No estaría nada mal que en los próximos presupuestos de la Comunidad para el 2017, se tuvieran en cuenta estas necesidades de personal y recursos sociosanitarios para generalizar los programas de Asertividad Comunitaria.
