El Defensor del Pueblo, en su informe sobre viviendas protegidas vacías de marzo del presente año ya diferenciaba sustanciales carencias en sus servicios de inspección no aportando suficiente información en relación con un problema de dejadez y desprecio más absoluto ante el problema que existe en muchos ciudadanos sin vivienda propia y con problemas muy graves para acceder al mercado de arrendamientos que tampoco cuentan con apoyos de la administración regional.
No se sabe si el problema está en la financiación de la promoción y si estas pasaron a depender de algún banco…
En todo caso sería deseable elevar suficientemente los gravámenes a sus propietarios por el estado de descuido permanente de esa propiedad, convertido en refugio de marginales o “almacén” para traficantes de sus equipamientos y buscar cuanto antes una solución que no deje semejante afrenta urbanística en elemento emblemático de Valdepeñas para vergüenza propia y ajena”.
