Esta petición fue aprobada por mayoría absoluta, con los votos en contra del PP y a favor del PSOE, PLJ e IU en el pasado Pleno de marzo.
Y es que, como señaló el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, Valdepeñas se ha quedado de la noche a la mañana sin el único laboratorio de genética animal de Castilla-La Mancha avalado a nivel nacional, un servicio que llevaba en la Ciudad del Vino 30 años, y que una empresa de mudanzas desmanteló hace dos semanas.
Es por ello, que el primer edil, aparte de mostrar su disconformidad ante el hecho de que Valdepeñas se haya quedado sin un servicio de gran importancia, mostró también su descontento ante las "formas" en que había sido desmantelado. Además, exigió a la Junta explicaciones ante lo sucedido y pidió públicamente, con el apoyo de PLJ e IU, que el servicio vuelva a la localidad. "Voy a defender lo mío con uñas y dientes", apuntó.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular, Fernando Prieto, reconoció no estar de acuerdo con las formas en que se había desmantelado el servicio, pero apoyó la decisión de la Junta señalando que se lo han llevado a Toledo para lograr una "eficacia" y una "eficiencia" ya que, según él, Agrama (asociación nacional de criadores de ganado ovino selecto de raza manchega) "necesitó durante el 2012 realizar 27.000 analíticas o pruebas de paternidad y el laboratorio del Cersyra solamente llevó a cabo 3.200 del total". El resto, según Prieto, se encargó a otros centros porque este laboratorio "no respondía a las exigencias de Agrama, los datos no eran comparables y no les servían, por lo que se ha decidido trasladarlo para hacerlo viable en otro sitio".
Pero, además, Prieto aseguró que el laboratorio "no estaba acreditado ni certificado" y señaló que "no es un laboratorio de investigación, sólo hace prestación de servicios". Y añadió que los trabajadores que había en el laboratorio han sido "reubicados" dentro del mismo Cersyra.
Igualmente, siguió justificando la decisión de la Junta señalando que "conforme está la administración, todo lo que sea para lograr la eficiencia de recursos, es algo con lo que no deberíamos estar disconformes".
Frente a esto, el alcalde apuntó que "si los trabajadores han sido recolocados, eso no es eficacia ni eficiencia, sino que es seguir manteniendo el mismo gasto estructural y quitar un servicio". Y sugirió que "también lo podían haber hecho eficaz y viable aquí, no sé por qué no se hace aquí que es donde lleva ya 30 años".
Esta teoría la apoyó también el PLJ, cuya concejal, Litolda Ballesteros, señaló de forma irónica que "estábamos bastante preocupados pero después de escuchar las explicaciones del PP nos quedamos más tranquilos". Calificó la decisión de la Junta de "muy lamentable, tanto para los ciudadanos como para los trabajadores del laboratorio" y ofreció datos diferentes a los que dio Prieto.
Según Ballesteros, "durante el primer semestre de 2012 no se hicieron analíticas en el laboratorio porque no tenían autorización para ello por carecer de acuerdo con Agrama" y señaló que la cifra que su grupo manejaba era que durante el año pasado se realizaron 5.600 analíticas en el Cersyra.
Con ello, desde el PLJ se preguntan si la verdadera razón por la que se ha suprimido este servicio en Valdepeñas es "política, dar tortas a Valdepeñas porque es de otro signo político diferente al de la Junta".
Por su parte, Gregorio Sánchez-Yébenes, portavoz de IU, también pidió que el servicio se quede en Valdepeñas y "que la eficacia y la eficiencia se desarrollen aquí".
Nueva tubería de abastecimiento de agua
Por otro lado, el Pleno de marzo dio luz verde a la nueva tubería de abastecimiento de agua, que irá del depósito regulador del Cerro de los Muertos al casco urbano y que suplirá a la actual y a las múltiples averías que presenta por su antigüedad. Al final, la ejecución de la obra correrá a cargo de Aqualia, empresa que gestiona el abastecimiento de agua en la localidad, con un presupuesto final de 2.269.000 euros, algo que ha avalado el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
La forma de financiación correrá a cargo de los ciudadanos que en la factura del agua pagarán 0,12 céntimos por cada metro cúbico consumido a partir de que la tubería esté en funcionamiento. El pago se hará durante 20 años con un interés del 7,25%. Así, en el Pleno se aprobó también la modificación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable. Un contrato que vence en 2016 pero que se prorrogará diez años más. Si entonces el Ayuntamiento decide no renovar el contrato por diez años más, deberá indemnizar a la empresa con 700.000 euros.
Por todo ello, este punto generó un intenso debate durante el Pleno, ya que tanto el grupo popular, como el de PLJ e IU mostraron su disconformidad con las formas en que se había negociado este contrato y con sus condiciones, aunque reconocían la necesariedad de la nueva tubería.
Para José Manuel Pena, portavoz de PLJ, el contrato le parece "leonino" por las condiciones que reúne y aseguró que "se podía haber hecho de otra manera, por ejemplo, sacando la obra a concurso, ya que así no sabemos si eso es lo que cuesta realmente o no".
En ello coincidió también IU, cuyo portavoz señaló que "se podía haber hecho de otra manera, aguantando hasta 2016 que es cuando cumple el contrato y entonces sacar las obras a concurso". Además, indicó que "lo cierto es que los valdepeñeros vamos a tener que pagar más por el agua porque lo que aprobamos hoy es una nueva subida de tasas".
Tambien el PP mostró su disconformidad con las formas en que se había adjudicado la obra y planteó que se sacara a concurso. Y es que, según Prieto, "nos va a costar a los valdepeñeros 6.140.810 euros en total, 216.000 euros al año" y añadió que de esta forma "estamos pagando más intereses que cualquier otro préstamo que se pueda hacer".
Con todo esto, el primer edil respondió señalando que la forma en que se ha negociado el acuerdo era la más favorable ya que, al tratarse de una empresa que ya trabaja con la administración, el Ayuntamiento se ahorrará el coste de la redacción del proyecto, la dirección de obra o el IVA, es decir, una cantidad que asciende a 665.000 euros.
Taller de empleo Bodega Los Llanos
En el Pleno de marzo también se aprobó la ratificación del recurso de alzada contra la denegación de la subvención solicitada a la dirección general de Formación para un taller de empleo para la rehabilitación de las cuevas del museo de la antigua Bodega Los Llanos. En este caso, el punto se aprobó por unanimidad por lo que el alcalde agradeció públicamente el voto a favor del grupo popular.
La denegación de esta subvención fue calificada por Martín como una "flagrante arbitrariedad del Gobierno de Castilla-La Mancha". Y es que, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Valdepeñas fue denegado por la Junta, junto a los presentados por La Solana y Puertollano. El motivo que en un principio dieron es que el proyecto "no cumplía los requisitos". Por ello, el consistorio presentó un recurso y la Junta cambió el motivo de la denegación de la subvención apuntando que "no era un taller adecuado para Valdepeñas". Motivo que después cambió de nuevo por las deudas que el Ayuntamiento tenía pendientes con la Junta.
El primer edil explicó que el Gobierno regional debe 6 millones de euros a Valdepeñas, por lo que la deuda de 2 millones que había contraído el Consistorio con la administración regional se ha compensado con esa cifra. Con todo ello, Martín aseguró que "vamos a ganar" y anunció que el próximo paso "va a ser pedir una indemnización a la Junta por daños y perjuicios".
En otro orden de cosas, en el Pleno de marzo se dio luz verde para crear una plaza en la Avenida Gregorio Prieto, donde estaba la antigua nave de ATASA, que será ocupada también por un establecimiento comercial con parking subterráneo y se abrirá un nuevo vial entre la Avenida Gregorio Prieto y la Travesía Horno.
También se aprobó la expropiación forzosa de terrenos para ejecutar un nuevo vial de conexión para comunicar la segunda fase del Parque Empresarial Entrecaminos y la A4, se aprobó la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo del ejercicio 2013 y se abordaron dos mociones, una presentada por el grupo de IU contra la corrupción y otra presentada por el grupo socialista sobre la nueva regulación del Gobierno y la administración local.
