Así lo ha hecho público su portavoz, Gregorio Sánchez, para quién, esta Ley "supone un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, limita y pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica e invade claramente las competencias propias de las Administraciones Regionales y de las Entidades Locales".
Una Ley, ha recordado Sánchez, que tiene "en contra no solo a toda la oposición parlamentaria sino a organismos internacionales, como el Consejo de Europa, y organizaciones no gubernamentales como la propia Cáritas. Una normativa que “limita en exceso”, derechos y libertadas fundamentales como la Libertad de Expresión o de Manifestación, y tiene como finalidad principal restringir de manera arbitraria las reivindicaciones de los ciudadanos, al mismo tiempo que obliga a los ciudadanos a demostrar su inocencia ente las sanciones administrativas".
Por último, desde IU-Ganemos creen que esta norma "nos aleja de la concepción democrática y constitucional de la seguridad para acercarnos a la órbita del viejo concepto de “orden público".
Finalmente, añadió que "por todos estos motivos vamos a pedir a nuestros grupos municipales que soliciten al gobierno de Mariano Rajoy la retirada inmediata de esta Ley".
