POLÍTICA

El Pleno aprobó rechazar acuerdos que supongan retroceso en la ley de violencia género y examinar el estado de los pozos del municipio

20190204_180025 (Copiar)
Pleno mes de febrero Ayuntamiento Valdepeñas

Ayer lunes se celebraba en el Ayuntamiento de Valdepeñas el pleno municipal correspondiente al mes de febrero y donde se trataron distintos puntos, entre ellos que la Confederación Hidrográfica del Guadiana adopte medidas urgentes preventivas con las norias, pozos o perforaciones situadas en la localidad, para evitar accidentes similares a los últimos y tristes acontecimientos relacionados con los pozos en mal estado de conservación, que tanta trascendencia está teniendo en el ámbito nacional. Lo que fue aprobado por unanimidad.

Otro punto, también aprobado, fue el contrato administrativo de Servicios para la implantación y mantenimiento de un nuevo sistema informático para la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento de Valdepeñas, con una inversión de 281.204 euros.

Asimismo, se aprobó, pagar la deuda de 1.000 pesetas para el manto de la Virgen de Consolación, contraída en 1901, tras tener conocimiento el Ayuntamiento de un documento fechado el 27 de julio de ese año, elaborado por la Depositaría de los fondos de la Junta Popular de la Ciudad de Valdepeñas, nombrada para la adquisición de un rico manto destinado a su Excelsa Patrona la Virgen de Consolación. En el citado documento se hace constar que este Ayuntamiento no había ingresado para tal finalidad esa cantidad.

Finalmente, se presentaron dos mociones, la primera de ellas del grupo municipal socialista contra la violencia de género, y en la que se explica que “La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional”. En la misma moción se habló del compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho que exige igualmente un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. “No podemos, no debemos, poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas. Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género”.

Con todo ello, propusieron: Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado) con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente, de forma generalizada e indiscriminada, la sociedad española y, por extensión, la población de Valdepeñas, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión, reducción o implícita minusvaloración de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema y/o consolidar un status quo inaceptable. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir este problema social, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, en coordinación con todos los poderes públicos.

La segunda moción presentada fue de Izquierda Unida-Ganemos en la que se hablaba de un retorno digno de los jóvenes, y en la que se decía que “desde hace un tiempo, al discurso de la recuperación económica del Estado español se ha ido asociando peligrosamente la idea del retorno, fomentada sobre todo por algunas iniciativas empresariales y planes de retorno. Desde diferentes colectivos representantes de la emigración, se ha mostrado una oposición firme a este discurso, ya que ni las estadísticas indican que se esté produciendo un proceso de retorno generalizado, ni las condiciones socioeconómicas que propiciaron la emigración española han cambiado. Los planes de retorno elaborados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos han tenido un alcance muy limitado, como demuestran diversas experiencias locales”. Para ello, este grupo municipal proponía:  Instar al gobierno de Castilla La Mancha a que cuantifique la cifra real de personas emigradas y se tenga en cuenta en la elaboración de los presupuestos autonómicos, con el fin de que los servicios públicos puedan absorber la demanda y necesidades de toda población. Facilitar información, a nivel local, a las personas emigradas y retornadas, dada la ingente necesidad de información fácil y accesible que se precisa en todo el proceso de retorno. Garantizando: Facilidad de la información para las condiciones y requisitos de retorno dignas. Habilitar un canal de comunicación entre las personas emigradas y retornadas. Campañas de difusión del calendario de voto rogado. Instar a la Federación Estatal de Municipios y Provincias a elaborar un estudio de diagnóstico de la situación actual y un análisis emigratorio. Implementar el asesoramiento a las personas emigradas o retornadas. Crear un consejo de emigrantes y retornadas, que cuente con canales de participación continuada en las políticas municipales de manera directa.