En el documento, se demanda la aportación externa de 100 hectómetros cúbicos de otras cuencas a la del Guadiana, necesarios para abastecer la demanda existente en la zona de la cuenca alta para usos agrícolas, de industrias agroalimentarias y caudales medioambientales, a través de la derivación del trasvase Tajo-Segura y de la tubería o de cursos naturales.
En las alegaciones también se lamenta el “olvido histórico” que viene sufriendo la provincia en materia de construcción de infraestructuras hidráulicas. Por eso, se demanda que se dote a Ciudad Real con embalses, así como con la construcción de nuevos pozos de recarga del Acuífero 23, que han demostrado su utilidad en periodos de pluviometrías favorables. Desde ASAJA, afirman que “España tiene una deuda con La Mancha como indican las propias cifras”, pues mientras la parte alta de la cuenca cuenta con una capacidad de regulación de 388 hectómetros cúbicos la zona extremeña dispone de 7.800.
Lamentan que esta zona tiene la dotación de regadío más baja de toda España, habiendo en la propia Cuenca del Guadiana consumos permitidos muchos más altos, lo que supone “un claro agravio comparativo”. “En una provincia donde la agricultura es básica para la economía los productores no pueden estar sometidos a restricciones tan drásticas, máxime cuando la forma de extracción del agua subterránea ya supone un considerable incremento de costes respecto a las superficiales” plasman en el documento. Por ello, rechazan cualquier tipo de peaje o tasa asignado a las aguas subterráneas. ASAJA está valorando y cuantificando la aportación de los regantes durante los últimos veinte años, periodo en el que han utilizado aproximadamente el 50 por ciento de las concesiones.
Entre las actuaciones demandan que se resuelva el déficit de agua de esta zona en la cuenca del Guadiana en la provincia de Ciudad Real aplicando la modificación contemplada en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que contempla que “los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos, en la proporción de un 25 por ciento para abastecimiento y el 75 por ciento restante para regadío, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hectómetros cúbicos/mes para los abastecimientos urbanos para fines de reconocimiento de derechos, explotaciones prioritarias, etcétera”.
También solicitan en las alegaciones contemplar la flexibilidad en la utilización de los derechos de riego, demanda en la que ASAJA viene insistiendo en los últimos años. Se propone la posibilidad de utilizar el agua concedida al regante de la manera en que estime oportuna o rentable sin superar, por supuesto, el volumen máximo de agua que en total o de manera global le corresponda, y para ello existen dos medidas: la acumulación de recursos y la compensación de campañas.
Por último, expresan el rechazo rotundo a nuevas restricciones de agua para regadío, “que supondrían una importante reducción de la actividad agraria actualmente existente, lo que tendría unas graves repercusiones negativas de índole económica y social para agricultores y ganaderos, que ven mermados todavía más sus derechos, limitando además el desarrollo de las zonas afectadas, y eso sin compensación alguna contemplada”.
