En base a sendos informes de la Policía Local y de la Jefatura de los Servicios Técnicos Municipales, el alcalde decretó el pasado mes de julio el estado de ruina inminente del antiguo restaurante “Altozano”, situado en la salida de Manzanares hacia Membrilla, y ordenó a sus propietarios su demolición. Sin embargo, el tiempo ha pasado y el edificio, que en épocas de recolección es ocupado por inmigrantes de origen magrebí, sigue en pie. Por ello, el Grupo Socialista presentó al pleno una moción para que se cumpla la resolución de alcaldía y acusó al equipo de gobierno de pasividad e irresponsabilidad. Según Julián Nieva, “el alcalde ha actuado de manera arriesgada” al no actuar el Ayuntamiento de oficio.
El concejal de Obras, Alfonso Mazarro, detalló las numerosas gestiones realizadas por el Ayuntamiento al respecto en los últimos cuatro meses y preguntó al portavoz socialista si esto era inacción, recordando a Nieva que según los informes policiales y sociales, el problema del “Altozano” ya existía cuando él ocupó las concejalías de Servicios Sociales y de Seguridad Ciudadana.
Según Mazarro, los informes de la Policía Local y de los Servicios Técnicos se pidieron a iniciativa del equipo de gobierno y en base a los mismos se hizo el decreto de alcaldía ordenando el derribo por ruina. El edil relató las infructuosas gestiones realizadas en agosto ante la falta de respuesta de Gesprohenar, sociedad propietaria del inmueble en ese momento. Posteriormente se tuvo conocimiento de que el edificio había pasado a ser propiedad de “La Caixa”, ante la que se repitieron las gestiones para que se proceda a la demolición. El pasado 20 de noviembre, ante una nueva solicitud de información por parte municipal, los nuevos propietarios informaron que el asunto no está paralizado y que tienen en marcha el concurso de adjudicación del derribo.
Por ello, el concejal de Obras negó que hubiera pasividad e inacción, como afirmó Nieva. En contraposición explicó que cuando el portavoz socialista tuvo responsabilidades en materia de Seguridad Ciudadana y de Servicios Sociales, aún existiendo informes desde 2008 sobre su estado y ocupación, lo único que se hizo con el “Altozano” fue autorizar la instalación de dos contenedores de basura a solicitud del Servicio de Atención y Mediación al Inmigrante (SAMI). “Lo más importante para ustedes fue recogerles la basura en un local con condiciones inhumanas. Ahora llevamos trabajando cuatro meses para su derribo. Le damos tiempo a La Caixa para que lo haga. Si no es así, cumpliremos con el derribo, lo que no han hecho ustedes”, dijo Mazarro.
El alcalde intervino en este asunto y recordó que el interés inicial de la empresa propietaria era rehabilitar y ampliar el hotel, proyecto que no prosperó por los problemas del PAU de esta zona contemplado en el Plan de Ordenación Municipal. Antonio López de la Manzanara indicó que posteriormente la empresa entró en concurso de acreedores, “por lo que no hubiéramos recuperado los costes del derribo” en caso de acometerlo el Ayuntamiento. Al pertenecer ahora a “La Caixa”, que está recabando presupuestos para hacerlo, el alcalde espera que, tras un tiempo prudencial, actúe antes de final de año. También aclaró que si en lugar de estar en el extrarradio, este edificio hubiera estado en el casco urbano, “habríamos actuado antes”. Por este motivo, los ediles del equipo de gobierno rechazaron la urgencia de la moción.
También fue rechazada la urgencia de otra moción del PSOE en la que pedía que el Ayuntamiento contrate un gabinete jurídico para defender a las personas afectadas con las cláusulas suelo de las hipotecas. En opinión del equipo de gobierno, la demanda social existente al respecto en Manzanares se ha canalizado a través de la OMIC. Su portavoz, Manuel Martín-Gaitero, recordó que el actual gobierno de España es el que ha legislado para frenar los desahucios que se iniciaron con el gobierno de Zapatero, que fue el que permitió y no limitó esas cláusulas. “Si el afectado es un gran propietario o empresa, ¿debemos pagarle esa defensa los demás?”, se preguntó el edil popular.
En la sesión ordinaria del mes de noviembre no se hicieron ruegos ni preguntas y tampoco hubo intervenciones por parte del público asistente.
