No se trata, según ha explicado hoy el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, de reabrir heridas, ni de suscitar controversias, sino de reparar el daño causado y de que las familias afectadas sean escuchadas en cumplimiento de la normativa vigente, atendiendo sobre todo al artículo 11.1, que recoge la posibilidad de que los represaliados y sus descendientes recuperen la dignidad.
Caballero ha asegurado, en este sentido, que la Diputación, además de estar saneada, puede atender requerimientos sociales de esta índole porque es plural y objetiva en lo político. Prueba de ello, según ha afirmado, es que el convenio que tiene previsto firmar con el Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos de la UNED (CIEMEDH), cuenta con la misma consignación económica que el acuerdo que suscribe con el Obispado, para la recuperación de iglesias y edificios pastorales, y el que renueva cada año con la Comandancia de la Guardia Civil para rehabilitar casas cuarteles en la provincia. En todos los casos la subvención asciende a 50.000 euros.
El presidente de la Corporación provincial ha realizado estas declaraciones momentos después de mantener una reunión el director del CIEMEDH, Julián López, y con los profesores de la UCLM Francisco Alía y Esmeralda Muñoz. El encuentro ha servido para concretar las acciones a llevar a cabo una vez que la Diputación ha obtenido las autorizaciones preceptivas del Ministerio de Hacienda y de la consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades. Caballero ha desvelado hoy que los trámites, iniciados hace un año por la institución provincial, culminarán próximamente con la firma de un convenio con una de las entidades más acreditadas en el campo de la recuperación de la memoria histórica. No en vano, se trata de un centro de investigación que trabaja con la Universidad de Barcelona y con la Sociedad de Investigación Aranzadi, impulsada por el acreditado forense Francisco Echevarría.
El objetivo, según ha reiterado, es que en 2019 no haya fosas comunes en la provincia de Ciudad Real, salvo si los afectados no expresan su intención de recuperar los restos de sus familiares o si los científicos certifican la imposibilidad de la actuación. Para ello no ha dudado en convertir a la Diputación que preside en la primera de la región que ha impulsado la firma de un acuerdo con el CIEMEDH en un ámbito en el que la Corporación provincial no ha intervenido nunca.
En concreto, se trabajará en tres líneas bien diferenciadas. En primer lugar, en la indagación, localización, exhumación, identificación y traslado, en su caso, de los restos de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil, o en la represión política posterior, de acuerdo con el protocolo de actuación aprobado por el Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011.
También se llevará a cabo la elaboración de informes, estudios, documentos, jornadas, seminarios, publicación de libros, webs, exposiciones, etc, sobre la Guerra Civil y la Dictadura en la provincia de Ciudad Real. Del mismo modo, a tenor de los detalles que ha desvelado Caballero, se acometerá la señalización e instalación de elementos testimoniales en reconocimiento y dignificación de fosas, edificios, lugares y espacios geográficos vinculados a la memoria histórica en el territorio ciudadrealeño. Ha asegurado, no obstante, que en ningún caso las actuaciones llevarán a cambios de nombres de calles y decisiones similares que únicamente competen a los ayuntamientos.
Caballero ha calificado de “importante” el día de hoy y ha mostrado su satisfacción por el rigor científico y la profesionalidad con que se van a llevar a cabo los trabajos, ya que se intervendrá sin tener en cuenta consideraciones políticas, únicamente atendiendo a una motivación profesional y científica, aunque respondiendo al justificado anhelo de quienes desean acogerse a la Ley de Memoria Histórica. Es más, ha querido dejar claro que la comisión que constituirán para realizar el seguimiento del convenio atenderá todas las peticiones que formulen las familias, con independencia de la posición que expresaron sus antepasados en la contienda lamentable que sufrieron los españoles y durante la dictadura.
Julián López, por su parte, ha verbalizado su satisfacción por el acuerdo que han logrado con la Diputación para iniciar un proyecto de investigación que permitirá documentar e intervenir en fosas generadas a partir de la dictadura fundamentalmente, porque desde la Universidad de Castilla-La Mancha se trabajará centrándose en la Guerra Civil.
Ha indicado que en 2011 interrumpieron los trabajos que comenzaron en 2008 por falta de finaciación a pesar de que llegaron a tener un equipo de 15 personas. A pesar de ello, han seguido investigando y pronto presentarán sus conclusiones en forma de relación de todos los nombres de los vecinos muertos en la provincia durante la contienda, alrededor de 3.800, contando los fusilados, los que fallecieron en prisión y los que murieron en los campos de concentración nazis.
López espera que dentro de tres años se pueda tener un conocimiento mucho más amplio y riguroso que atienda al por qué y al cómo sobre la violencia así como a la identificación e intervención en un marco de respeto a los derechos humanos, al reconocimiento de las víctimas y a la mejora de la calidad democrática en nuestro país.
Han representado a la Universidad de Castilla-La Mancha Paco Alía y Esmeralda Muñoz. El primero lleva más de treinta años investigación sobre la Guerra Civil en Ciudad Real y en España. Ha dicho que hay que superar el pasado histórico desde el conocimiento científico y Muñoz ha comentado que hoy es un día importante para la provincia porque el proyecto que impulsa la Diputación permitirá aportar una visión realista y académica de lo ocurrido al tiempo de que se contribuye a cerrar heridas abiertas. Su aportación al proyecto está enfocada al estudio de la perspectiva de género, “ya que las mujeres también padecieron la represión y jugaron un importante papel”.
