La moción presentada por IU relativa al estudio de varios expedientes por presuntos delitos en la venta de tres mil metros de suelo público no fue aprobada, estableciéndose una comisión informativa para estudiar el tema.
Con la llegada del otoño, también regresaron los plenos al ayuntamiento solanero. Un total de nueve puntos componían la convocatoria del mes de septiembre, si bien hay que recordar que no hubo sesión alguna durante el mes de agosto. Mucho debate, algo de tensión, extensas explicaciones de los concejales en sus discursos y salirse por la tangente ó tocar temas que nada tenían que ver con el orden del día, fueron los ingredientes más destacados de la noche.
Dentro de los acuerdos, se aprobó una propuesta del Partido Socialista sobre ayudas para material escolar y comedores destinadas a familias necesitadas. La concejala de educación, Aurora Jiménez, explicó la puesta en marcha del programa de ayudas de la Diputación Provincial, destinando partidas para la compra de libros de texto y materiales, así como becas para comedores escolares. La propuesta también instaba al gobierno regional a que también colabore en los mismos términos, así como informar a la comunidad educativa sobre este tipo de ayudas para posibles beneficiarios. El punto tuvo el apoyo de Izquierda Unida, argumentando que llevan tiempo solicitando ayudas como las citadas, señalando que el problema no es nuevo. El Partido Popular no apoyó la propuesta porque se le pide algo a la Junta que ya está realizando. En este sentido, la concejala Ana Belén Reinoso indicó que el gobierno regional tiene previstas ayudas de 1,6 millones de euros para material escolar, ampliando también el crédito para ayudas de emergencia social con otros tres millones más. El alcalde señaló que el punto sólo pretendía animar a la Junta y a otras administraciones a que ayude a los más necesitados, votándose con los votos socialistas y de IU, mientras que el PP votó en contra.
También se aprobó otra propuesta del grupo socialista relativa a la fractura hidráulica ó “fracking”. El concejal de medio ambiente, Sebas de Lara, explicó las contraindicaciones de estas prácticas de extracción de gas, pidiendo la prohibición de las mismas en nuestra zona geográfica y mostrando solidaridad con las localidades en las que llevarán a cabo las extracciones. María Pérez aseguró que esta práctica es muy agresiva, apostando por las energías renovables. Asimismo, la concejala de IU señaló que ya están llevando a cabo una campaña a nivel nacional contra esto, con el apoyo de Ecologistas en Acción. El portavoz popular, Francisco Nieto, argumentó que el “fracking” sólo es un sondeo con fines de investigación, absteniéndose en el punto. El alcalde dijo que es un tema complejo del que hay poca información todavía, mostrándose receloso e instando a que se paralice hasta que se conozcan las bondades del proceso.
Uno de los puntos estrella del pleno pasó sin pena ni gloria, ya que la moción presentada por Izquierda Unida relativa al estudio de varios expedientes relativos a enajenaciones y permutas de patrimonio público de suelo fue desestimado, proponiéndose una comisión de investigación para estudiarlo con detenimiento. Al parecer, así lo habían pactado los tres grupos políticos en la comisión previa al pleno, fijando la fecha para el día 4 de octubre. Izquierda Unida cree que ha existido una posible venta irregular de 3.000 metros de patrimonio público, indicando que puede haber indicios de presuntos delitos por unas plusvalías no permitidas por la Ley del Suelo de Castilla la Mancha. PSOE y PP se ciñeron a la comisión correspondiente para estudiar el tema, argumentando que hubo unanimidad para fijar la fecha de estudio.
Por otro lado, el pleno aprobó la propuesta de modificación de los estatutos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento, con el fin de agilizar los trámites. Izquierda Unida votó favorablemente en base a la documentación recibida, si bien desean conocer más información sobre las acciones del consorcio. El Partido Popular se abstuvo, supeditando el voto a la espera de informes más favorables.
Donde hubo unanimidad fue en la solicitud al Ministerio de Fomento para el traspaso de titularidad de un tramo de la carretera N-430a en los puntos kilométricos 379,400 al 379,700, justo en el camino viejo de Alhambra.
Dentro de los escritos y comunicaciones al pleno, destaca un informe de evolución con el objetivo de gasto, así como un informe del interventor sobre el nuevo pago a proveedores que establece más de 1.800 facturas por un valor de más de dos millones de euros.
Fuera del orden del día, Izquierda Unida propuso una moción de urgencia relativa a establecer algún tipo de partidas para contrarrestar la subida de matrículas y el nuevo sistema de reparto de becas, especialmente para familias con menos recursos. La propuesta se trasladará a la Fundación Benéfica “Legado Bustillo” con el fin de estudiarla con detenimiento.
En el apartado de ruegos y preguntas, Izquierda Unida se interesó por los nombres de las empresas acogidas al pago a proveedores. De igual forma, María Pérez preguntó por el presente y futuro del CADIG El Pilar, cuando en realidad quería preguntar por el Centro Ocupacional. El alcalde respondió sobre el primero, indicando que funciona con normalidad y que el ayuntamiento adeuda todavía dos nóminas que están en el plan de pago a proveedores, añadiendo que el futuro del centro está supeditado a la subvención de la Junta con AFAS. Por lo que respecta al Centro Ocupacional, Díaz-Cacho señaló que no recibe recursos del gobierno regional desde otoño del año 2.011 y que actualmente llevan cinco nóminas de retraso.
La sesión se prolongó por espacio de dos horas y cuarto, contando con la presencia de todos los concejales municipales a excepción del popular Serafín Alcázar. Como es costumbre, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y también por la muerte del chaval recientemente fallecido por un accidente cuando circulaba con su bicicleta.
