El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, ha querido agradecer personalmente a los funcionarios de los Servicios Sociales de la institución provincial y a los cerca de 125 trabajadores sociales de los distintos ayuntamientos de la provincia, ya sean del plan concertado o del PRAS de la JCCLM (Programa Regional de Acción Social) la labor desarrollada con la puesta en marcha del Plan de Emergencia, dotado en esta segunda convocatoria con dos millones de euros.
De Lara, acompañado del vicepresidente y responsable del Área de Servicios Sociales, Ángel Caballero, ha mantenido una reunión informal con el personal de este Servicio, interesándose por el proceso de trabajo que se está desarrollando desde que el Plan de Emergencia fue aprobado y que permite atender de manera prioritaria y urgente las situaciones de extrema gravedad que están atravesando muchas familias por la falta de recursos económicos para la compra de alimentos básicos.
El Plan de Emergencia Social, que está gestionado directamente por la propia Diputación a través de los Servicios Sociales y en colaboración con los trabajadores municipales, ha contado también con el apoyo de los servicios de Informática, Intervención y Tesorería de la institución provincial, "sin el concurso de los cuales hubiese sido imposible llegar con la inmediatez con la que se está actuando en todos los rincones de la provincia".
Así lo ha reconocido públicamente De Lara, agradeciendo a todos los trabajadores de estos servicios el esfuerzo realizado. "Mi agradecimiento de corazón a tanta gente y a todos estos servicios que se están desviviendo en torno a un fin que es bueno, como es el de facilitar alimentos, suministros o recursos básicos para vivir".
El presidente se interesó por conocer al detalle el mecanismo que se sigue hasta la concesión de las diferentes ayudas y el tiempo que transcurre desde que una solicitud es formulada hasta que llega al beneficiario e, incluso, es abonada al proveedor. En este aspecto, José Luis Requena, jefe de Servicios Sociales, le informó de que se producen resoluciones cada quince días y que desde que el ayuntamiento correspondiente remite la solicitud hasta que el usuario puede ir al supermercado a retirar los alimentos transcurren como máximo 20 días "y en situaciones extremas se adelanta".
"Desconocía que este proceso fuera tan complejo y que hubiese tanta gente implicada", admitió De Lara, reconociendo igualmente el papel importante que en este proceso jugaba la Administración Electrónica por lo que se congratulaba de que este recurso público sirviese también "para dar de comer a la gente".
El presidente de la Diputación, además de reiterar su agradecimiento sincero a cuantos trabajadores intervienen en este complicado entramado, expresó su sentir porque no veía a corto plazo que la situación de crisis fuese a remitir. En este sentido fue claro y directo anunciando que si había que acudir a una modificación presupuestaria para destinar más recursos a este plan, no le dolerían prendas. "Estamos en el mismo carro y en la misma batalla. Y si la proyección es que hace falta más dinero no tendré problema en incrementar la partida aunque eso conlleve recudirla en otros servicios", indicó.
El Plan de Emergencia Social de la Diputación Provincial atiende situaciones excepcionales y urgentes, siendo los beneficiaros personas físicas o familias. Se prima la alimentación básica e higiene y, de manera excepcional, vestido y calzado, ropa del hogar, gas y electricidad, así como alojamiento temporal para mujeres víctimas de violencia de género en lo que concierne a gastos de desplazamiento a juicios, a peritajes, puntos de encuentro familiares, etc.
La ayuda se destina fundamentalmente a la compra de alimentos, con una cuantía de 30 euros al mes por miembro de la unidad familiar, y si hay niños menores de 3 años, además de computar como miembro de la familia, obtendrá también una ayuda adicional de otros 30 euros.
La tramitación se hace por vía telemática a través de los trabajadores de los servicios sociales de los distintos ayuntamientos, siendo el órgano gestor el personal de los servicios sociales de la Diputación Provincial, que visa los informes remitidos y los resuelve confeccionando cheques que se envía a los ayuntamiento cada 15 días. El trabajador social es el encargado de entregar ese cheque a las familias correspondientes, que posteriormente adquieren los productos en los proveedores que colaboran, es decir, tiendas y superficies de alimentación repartidas por toda la provincia. De esta manera, el beneficiario va a la tienda, entrega su cheque y los proveedores remiten posteriormente la factura junto con el cheque a la Diputación para su abono, que una vez comprobado se paga en un plazo máximo de 15/20 días.
Gracias a esta forma de trabajo en red, que permite la coordinación interinstitucional y transversal, se está consiguiendo dar una respuesta eficaz y rápida a las necesidades más urgentes planteadas por los ciudadanos de la provincia.
