Estos hechos llevaron al dueño de Hostelerías Parris, S.L., y anterior alcalde de Castellar a denunciar al concejal de USI, Teodoro Cobos y al gestor de la web, Pascual Gómez Fuentes. Denuncia cuya sentencia ya se ha hecho pública y en la que el juez desenmascara el testimonio de María del Carmen Ballesteros Vélez, alcaldesa de Castellar de Santiago por el PSOE. El juez deja al descubierto el testimonio de la citada alcaldesa en los hechos probados de la sentencia: “Extraña actitud de la Alcaldesa en defensa de la mercantil. Estas últimas circunstancias no pueden ser desconocidas por el juzgador, atendiendo a la amistad que parece deducirse, tanto con respecto a D. Antonio Parrilla (del mismo grupo político) como de Dña. Mª Dolores. Esta relación de amistad la infiere el juzgador de la propia declaración testifical de la alcaldesa, quien a pesar de manifestar que no tiene relación con la representante legal de la Hostelería Parris, durante algún momento del interrogatorio se refiere a la misma como “Loli” (denominación poco conciliable con las carencias de la relación apuntadas)”.
Según la sentencia, la actual alcaldesa de Castellar de Santiago trabajó en el referido negocio y mantiene una extraordinaria relación de amistad y política con el anterior alcalde, Antonio Parrilla, en la actualidad su concejal de obras e infraestructuras, hasta el punto de que en el año 2.010 Parrilla le cedió la Alcaldía; la misma relación que mantiene con su esposa, representante legal del negocio familiar.
El trasfondo político
Los actores: un alcalde del PSOE que deja la actividad de la Alcaldía, para iniciar labores de concejal de Obras y Urbanismo, y su cónyuge (representante legal del negocio familiar que recibía la subvención y, además, presidenta de la Asociación de Amas de casa de Castellar y, por ésta razón, miembro de la asociación que concedía las subvenciones).
Los testigos: la alcaldesa socialista que sucede a “Parris”, que también formaba parte de la asociación que concedía las subvenciones, el Presidente de la asociación Tierras de Libertad (que concede las subvenciones), y el secretario del Ayuntamiento.
El juez desestimó la demanda por ausencia de expresiones insultantes, por la veracidad de lo publicado y porque la valoración u opinión de la información es correcta y compatible con la libertad de expresión.
La Demanda
Hostelería Parris, SL, propiedad de Antonio Parrilla Polo y Mª Dolores Coronado, presenta una demanda civil por considerar que su negocio había sufrido un perjuicio –daño contra el honor y la imagen, por una indemnización de 6.000 € como consecuencia de que el concejal de USI, Teodoro Cobos, denunciara, en la página web castellardesantiago 110mb.com, que administra Pascual Gómez, que la alcaldesa socialista Mª Carmen Ballesteros Vélez, que había sucedido, unos meses antes al alcalde Antonio Parrilla, conocido popularmente por “Parris” asistiera a la Junta Directiva de la Asociación Tierras de Libertad, donde se aprobó una subvención que se le otorgó a Hostelerías Parris, por un valor superior a 80.000 euros.
La referida subvención se ventiló en el seno de la asociación Tierras de Libertad, cuyos miembros eran los propios beneficiarios de la subvención: Mª Dolores Coronado, representante legal de Hostelerías Parris, como miembro de pleno derecho por ostentar la presidencia de la asociación Amas de casa de Castellar de Santiago y miembro de la asociación Amas de casa del Campo de Montiel y el propio Antonio Parrilla, que había dejado la Alcaldía para dedicarse a la concejalía de Obras y Urbanismo y también miembro con voz y voto en la asociación Tierras de Libertad. Mª Carmen Ballesteros, alcaldesa, se ofreció amablemente a votar por su antecesor, a pesar de negar ante el juez la inexistente relación entre los unos y la otra y acudió a dicha reunión y votó para la concesión de la citada subvención.
Casualmente la alcaldesa no tenía la autorización del pleno municipal, aunque sí la de su grupo, y aún así votó como representante de su ayuntamiento, sin serlo. Prácticas que fueron criticadas por el concejal de USI.
Por parte de los demandados, así lo confirma la sentencia, no se realiza una crítica a la sociedad hostelera, sino por la actuación de determinados servidores públicos del Ayuntamiento de Castellar, en concreto por la falta de representación municipal de la alcaldesa y por prestarse al voto, en el que sustituía a la representante de la sociedad. En ningún momento los demandados ponen en duda que no se dieran los requisitos necesarios para la obtención de la subvención, simplemente, se realiza un reproche a “la intervención en asuntos públicos, concesión de subvenciones de aquellos en que concurren unos determinados intereses privados e íntimamente relacionados con el poder de decisión inherente al cargo público”, tal y como determina el propio juez.
El juez desestima la demanda, absuelve a los demandados y condena a las costas del procedimiento a los actores.
