Los condenados realizaron su acción sin autorización de la Administración competente y provocaron daños en el yacimiento, debido a que" no utilizaron metodología científica alguna", explica De Lugo.
En la misma nota explica que "durante el juicio alegaron que se trataba de un terreno ya roturado, motivo por el cual el daño estaba causado en el yacimiento con anterioridad. Sin embargo, el juzgador estimó que el argumento de que otros pudieran haber dañado antes el yacimiento (cosa no probada) no exonera del delito".
"Los condenados también alegaron que iban de paso, sin que supieran que este lugar se trataba de un yacimiento arqueológico dado que no estaba señalizado. Sin embargo, el juzgador pone de manifiesto que el cúmulo de indicios '(presencia en el lugar de los hechos portando dos detectores de metales y otros utensilios para la recogida de efectos –picola-, en un lugar muy lejano de su domicilio, cuando afirman que se detuvieron por casualidad en su viaje a otro lugar del que dista también mucha distancia, en un paraje alejado de cualquier carretera que una las localidades de origen y destino, con restos de agujeros realizados en la zona y posesión previa de objetos arqueológicos), constituye un conjunto de evidencias que, aisladamente considerado y por separado, permite diversas interpretaciones, pero considerados articuladamente revelan que los acusados realizaron su conducta con la mente puesta en que estaban en un yacimiento y para ver lo que se podía encontrar en él. Es decir, que conocían, más allá de cualquier duda razonable, que estaban causando daños en un yacimiento arqueológico’, añade la nota.
Según la sentencia y la nota del arqueólogo "el Juzgado de lo Penal nº 2 de Ciudad Real considera la explicación de los acusados -que uno de ellos estaba enseñando al otro el manejo del detector- ‘esperpéntica’".
Luis Benítez de Lugo, director de la Carta Arqueológica de Viso del Marqués, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y perito en el juicio, describió durante la vista el régimen de protección jurídica que tiene este yacimiento arqueológico.
La detención de los condenados fue llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil (SEPRONA), cuya actuación y declaración en el juicio ha permitido esclarecer las circunstancias del delito.
Según señala en la nota Benítez de Lugo "esta condena por expolio y daños al patrimonio Histórico se suma a otras condenas recientes en esta misma provincia, como son la de un expolio en el Castillo de Alcubillas, la del arrasamiento y destrucción total del molino hidráulico del Palomar (Valdepeñas) o la emitida por la demolición de una vivienda histórica centenaria también en Valdepeñas. En este último caso los condenados han sido obligados a restituir el daño causado -reconstruir la fachada del inmueble derribado-, si bien el juzgador no accedió a la pretensión del Ayuntamiento de Valdepeñas de recibir 28.400 euros como Administración Pública titular del patrimonio cultural dañado. La sentencia argumenta en este caso que ‘no consta acreditada ninguna intervención por parte del Ayuntamiento ahora reclamante en aras a la defensa y conservación de tal Patrimonio, por lo cual la responsabilidad civil solicitada comportaría un enriquecimiento injusto".
Igualmente, recuerda que "el Ayuntamiento de Valdepeñas tampoco consiguió ver satisfechas sus pretensiones en otro caso relacionado con el Patrimonio Histórico, mediante el cual proponía inculpar al arqueólogo Luis Benítez de Lugo en un delito por daños, que la Audiencia de Ciudad Real (con los informes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fiscalía) consideró inexistentes, archivando el caso".
Finalmente, explica que "Luis Benítez de Lugo viene colaborando con la Administración y la Guardia Civil desde hace lustros en la persecución de esta clase de delitos. El Ayuntamiento de Valdepeñas fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por producir daños debido a una denuncia interpuesta por Benítez de Lugo, en un caso que ha llevado a varios funcionarios de esta Administración local -entre ellos, los del Servicio de Arqueología municipal- a la fase de juicio oral en un procedimiento penal, por haber cometidos unos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias".
