Es decir, “en este país, o se tienen recursos económicos para acceder a la justicia o, de lo contrario, aquellas personas que precisen de la justicia sin recursos económicos lo tendrán más difícil ahora”.
La parlamentaria socialista ha mostrado de este modo su total oposición a la norma, ya que “nosotros lo que decimos fundamentalmente es que hay que garantizar que aquellos que no tienen recursos económicos tengan derecho a la tutela judicial efectiva a través de la justicia gratuita, porque con los nuevos baremos que aplica el Gobierno de Rajoy hay mucha gente que se queda fuera y que lo necesitaría en atención a sus recursos económicos”.
Para Rodríguez no duda de que esta “es la ley más inoportuna que podría presentar el Gobierno, no porque no crea que no haya que mejorar la justicia gratuita, ya que todo es siempre mejorable, sino porque si algo funcionaba bien en la administración de justicia hasta ahora eran precisamente los servicios de atención jurídica gratuita que se estaban llevando a cabo en todo el país”, teniendo en cuenta además a su juicio que no era una ley urgente de abordar frente a otras urgencias que sí tiene la administración de justicia.
Junto a estos aspectos principales para mostrar su rechazo a los cambios en la ley de justicia gratuita, Isabel Rodríguez ha ofrecido otros argumentos, entre ellos, que no existe una financiación suficiente para llevarla a cabo, que no garantiza el servicio tal como está concebido en la actualidad, que favorece a los grandes despachos de abogados o que se burocratiza en exceso el servicio tanto desde el punto de vista de los ciudadanos que acceden a él como desde el punto de vista de los profesionales.
Unas declaraciones que se producen además al día siguiente de la ‘manifestación de togas’ protagonizada por los abogados para pedir la retirada de este proyecto de ley del ministro Alberto Ruiz Gallardón porque, al igual que los dirigentes del PSOE, entienden que no se garantiza la justicia gratuita y el derecho universal que la caracteriza.
Precisamente, Rodríguez ha tenido palabras de reconocimiento para los 257 abogados y abogadas del turno de oficio que ejercen su labor en la provincia de Ciudad Real, consciente de que “hacen un trabajo impecable y con afán vocacional, ya que hasta ahora ha sido un servicio mal retribuido”.
Por último, cabe indicar que el Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado mes de abril una enmienda a la totalidad a esta norma por todos los razonamientos expuestos.
