Fue el asunto más destacado de una corta sesión con seis puntos en el orden del día que contó con diversos acuerdos de carácter administrativo.
La propuesta del grupo municipal socialista, fue apoyada por el resto de los partidos, conscientes de la grave situación que atraviesan los ayuntamientos y especialmente el de La Solana. Se trata de elaborar una declaración institucional que inste a la Junta de Comunidades a destinar cuando menos una parte del fondo de rescate, cifrado en 848 millones de euros, para pagar la deuda que ésta mantiene con los ayuntamientos. El punto se aprobó por unanimidad después de un debate en torno a la deuda del gobierno regional con los consistorios, abogando para que los municipios cobren pronto los pagos pendientes.
Por otro lado, el pleno no aprobó modificar la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios de la empresa Aqualia, cuyo contenido radicaba en que la revisión de tarifas para el año 2013 se pudiera realizar en base a la variación interanual del IPC a fecha del 31 de agosto en vez de 31de diciembre. Izquierda Unida y Partido Popular votaron en contra de modificar nada argumentando que no beneficiaría a nadie, absteniéndose el partido socialista por considerar que no tendría repercusión económica para los ciudadanos.
El acuerdo de no disponibilidad de créditos previstos dentro del presupuesto municipal para el abono de la paga extra de diciembre de 2012 fue aprobado con los votos favorables de PSOE y PP y contrarios de IU. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria se destinarán en próximos ejercicios a realizar aportaciones a planes de pensiones ó contratos de seguro colectivos. El portavoz popular dijo que es una manera de garantizar el sueldo de los trabajadores en el futuro y el portavoz socialista señaló que era cuestión de un acto administrativo que corresponde hacer por legislación. Desde Izquierda Unida se argumentó que estaban en contra de las medidas del gobierno porque van en contra de los trabajadores.
Antes del apartado de ruegos y preguntas, la concejala de IU María Pérez propuso una moción de urgencia que fue rechazada por PSOE y PP. El punto hacía referencia al contrato que mantiene el ayuntamiento con la empresa Imás Televisión, con el fin de crear una comisión para que investigue el convenio, argumentando numerosos incumplimientos de condiciones por parte de la empresa audiovisual y abogando por la rescisión de tal contrato. Los demás partidos dieron la razón a la concejala indicando que sería bueno estudiarlo, si bien votaron en contra de la urgencia que no pasó al pleno.
Izquierda Unida realizó varias preguntas al alcalde, interesándose por la fecha de finalización de las obras del nuevo centro de salud ó en su caso por hacer mejorar en el centro actual. El primer edil respondió que preguntará al gobierno regional por el nuevo edificio, añadiendo que si la Junta no se pronuncia se podría estudiar la posibilidad de que el Ayuntamiento acometiera algunas obras en el actual centro de salud.
Por otro lado, María Pérez preguntó por el proyecto de rehabilitación de la zona centro de la localidad y por el proyecto Ciudad Digital, a lo que se realizarán sendos informes. Finalmente, el concejal Bernardo Peinado volvió a preguntar por qué no se ha actuado antes contra Imás Televisión cuando hay doce informes técnicos sobre incumplimientos en el proceso administrativo.
La sesión contó con la presencia de los diecisiete miembros de la corporación municipal, en una sesión de una hora de duración que comenzó, como es costumbre, guardando un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género.
