De este modo, los regidores pretender hacer llegar hasta las instancias judiciales un compendio de alegaciones rigurosas y específicas a cada uno de los municipios, recordamos que son Castellar de Santiago, Villahermosa y Villanueva de la Fuente, con las que intentar paralizar definitivamente el cierre de sus Puntos de Atención Continuada (PAC) que consideran un “atropello” por parte del Gobierno regional que preside María Dolores de Cospedal.
En este sentido, los tres alcaldes lo tienen claro y afirman con rotundidad que la medida que pretende llevar a cabo la Junta de Comunidades es “insolidaria, injusta e ilegal”, por lo que, tal y como ha valorado Francisco Morales, primer edil de Villanueva de la Fuente, “solo pedimos una cosa, que prime la sensibilidad, el sentido común y la igualdad territorial”.
Según ha añadido Morales, eso pasa porque el Gobierno de Castilla-La Mancha rectifique su decisión inicial, al tiempo que advierte que “a veces en las huídas hacia adelante desesperadas se cometen barbaridades”, que es lo que han escenificado la casi totalidad de alcaldes, concejales y vecinos de los 21 municipios afectados en toda la región.
Una rectificación y una sensatez a la que han apelado los alcaldes socialistas al explicar que el Gobierno de Cospedal “no está recurriendo contra ningún ente abstracto, sino en contra de ciudadanos de esta región” que se sienten discriminados y maltratados en su derecho básico a la asistencia sanitaria.
De igual modo se ha expresado la alcaldesa de Castellar de Santiago, Carmen Ballesteros, quien además ha exteriorizado una gran indignación al desmentir dos afirmaciones realizadas por los responsables políticos de la Junta de Comunidades cuando han dicho que se habían equipado las urgencias nocturnas con UVI móvil y que los PAC no salvan vidas. Respecto a la primera, la alcaldesa ha dicho que “es rotundamente falso que se hayan puesto UVIs móviles”, puesto que se trata de ambulancias convencionales que incluso en el caso de Villahermosa ni existe esta modalidad. Y respecto a la segunda, ha ilustrado con varios casos reales la importancia vital que supone la primera atención en las urgencias de los pueblos para poder salvar la vida a los ciudadanos.
Ante casos de urgencias, todos son conscientes, porque han sido testigos directos en los municipios que gobiernan, que los primeros minutos de atención sanitaria son cruciales para un paciente afectado por una embolia, un paro cardíaco o una insuficiencia respiratoria, y esa atención se da en los PAC.
Lo que no entienden es que tras la decisión de Cospedal de proceder a los cierres de las urgencias nocturnas, los ciudadanos, en su mayoría personas de edad muy avanzada, tengan que ser atendidos a través de una línea telefónica que el alcalde de Villahermosa, Isidro Villamayor, ha querido ilustrado para demostrar que se trata de un procedimiento cuanto menos de dudosa eficacia y agilidad.
También han indicado los alcaldes socialistas que “es muy raro” que todo cuanto han ido alegando los municipios ante el Ejecutivo castellano-manchego se ha despachado en base a supuestos criterios técnicos, razón, por cierto, desmentida por los profesionales sanitarios, quienes denuncian que a ellos nadie les ha consultado.
Ante este cúmulo de “mentiras” por parte del Gobierno de Cospedal sobre UVI móviles, distancias a los centros sanitarios de referencia, que los PAC no salvan vidas, que el cierre obedece a criterios técnicos y no políticos, etc., los alcaldes han respondido que “los ciudadanos no son tontos y saben perfectamente que aunque vivan en pueblos pequeños tienen sus derechos”, por lo que han insistido en pedir más cordura a una decisión con la que se pone en riesgo la vida de las personas.
Como órdago a Cospedal, los alcaldes le han lanzado una propuesta: “si nos ofrece una UVI móvil las 24 horas del día durante los 365 días del año, eso sí, equipada con todos los recursos tanto técnicos como humanos, firmamos mañana”, aunque entienden que sería “absurdo” que hubiera una ambulancia en la puerta del centro de salud con tres profesionales dentro y el propio centro de salud vacío y cerrado, además de dar por descontado que el coste que supondría dotar de una UVI móvil a cada uno de los 21 PAC de la región amenazados por el cierre serían muchísimo mayor que lo que se pretende ahorrar con esta medida y, por lo tanto, sería más rentable no cerrarlos.
