Según recuerdan desde la Plataforma, "el 21 de marzo de 2016 la consejera de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Castilla La Mancha, Doña Patricia Franco, afirmó textualmente en su página personal de Facebook, y en relación con el acceso de los ciudadanos a la documentación sobre los proyectos de minería de 'tierras raras', que toda la información de los expedientes se encuentra a disposición de todos aquellos que estéis interesados en consultarlos, en la Dirección Provincial de Ciudad Real. Realmente, estamos siendo totalmente transparentes tanto en éste, como en el resto de los asuntos que gestionamos, porque no entendemos otra manera de gobernar en nuestra región”.
Continúan explicando que "el 4 de abril de 2016 una delegación del colectivo ciudadano 'Si a la Tierra Viva' asistió a una reunión (solicitada con una antelación de dos meses) con los técnicos de Medio Ambiente de Ciudad Real y a otra con los de Minas, de la propia Consejería que dirige Patricia Franco, para poder consultar la información que la consejera se había comprometido a facilitar a los ciudadanos".
A pesar de la oferta de la Consejera de poder tener acceso a todos los expedientes, "la reunión se convirtió en una sucesión de negativas, trabas y justificaciones para impedir el acceso completo a los expedientes por parte de los Directores Provinciales de ambas consejerías, que estuvieron presentes en todo momento, a pesar de constituir una reunión de trámite con los técnicos, los cuales cumplieron su trabajo con rigor y profesionalidad".
Denuncian que pese a que la Plataforma pidió acceso a los expedientes a mediados de febrero pasado por escrito, "aun así no se pudo obtener copia de los expedientes solicitados, ni en el Servicio de Minas ni en Medio Ambiente. En Medio Ambiente por ejemplo, argumentaron que la ‘Plataforma no había estado constituida durante 2 años, por lo que no era considerada parte interesada en el procedimiento”. La Constitución española, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 27/2006, da acceso a todos los ciudadanos a la información en materia de medio ambiente, así como el Convenio de Aarhus firmado por España".
Además, "en numerosas ocasiones, desde mediados de febrero pasado, se ha solicitado por escrito y llamado, tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, requiriendo acceso al expediente. Estos han estado ‘pasando la pelota’ de uno a otro sin que al día de hoy hayamos obtenido copia de ningún documento del órgano ambiental, ni hayamos tenido una sola contestación por escrito. De particular gravedad es que, al no tener acceso al expediente ambiental, no tenemos forma de saber por qué la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente exoneró a las empresas mineras de los permisos de investigación del trámite previo de la Evaluación de Impacto Ambiental".
Añaden que "en un ejercicio de transparencia democrática y de fidelidad a su compromiso público, la consejera doña Patricia Franco haría muy bien si, de una vez por todas: facilitara a los ciudadanos el acceso íntegro a todos los expedientes; procediera a su foliado para evitar pérdidas en su contenido y expusiera públicamente las razones y la ausencia de control a la empresa en cuanto a los requisitos establecidos en las resoluciones de su Consejería para concederle los permisos de investigación.
