Ya se vivió una escena similar en el pleno anterior, aunque esta vez terminó con el abandono de los ediles populares de la sala ante lo que consideraban una falta de respeto inaceptable desde el grupo municipal de IU. Un extremo que no pudo detener el alcalde, pese a sus esfuerzos.
Lo más curioso es que los hechos se produjeron en un punto en apariencia de guante blanco, casi al final de la sesión. Se debatía una propuesta del equipo de gobierno para mantener las oficinas del Registro Civil ante la sospecha de que pudieran ser eliminadas en virtud de una ley aún sin aplicar. En su segundo turno, la concejala de Izquierda Unida María Eugenia Díaz-Malaguilla hizo paralelo el posible cierre de estas oficinas en el mundo rural a las políticas de recortes del PP. Y esta fue exactamente la secuencia: “Este tipo de políticas de recortes se están llevando a cabo porque el Partido Popular está sentado donde está sentado por el apoyo del Partido Socialista. Si le sumamos que la política del PP en muchos niveles se basa fundamentalmente en robar, expropiar, llevarse dinero a paraísos fiscales y robar de las arcas públicas, pues claro que me cuadra que sea otra morisqueta más para perjudicar al de la calle y seguir robando, que es lo que mejor se les da”.
Jesús Labajo, concejal del PP, replicó sobre la marcha diciendo que constaran en acta esas palabras como una falta de respeto a los ediles populares. Aunque la concejala de IU aclaró que se refería a las siglas nacionales, la portavoz popular, Ana Belén Reinoso, insistió en que “aquí hay seis concejales del Partido Popular y nos estás faltando al respeto”. Entonces, lejos de retroceder, Díaz-Malaguilla añadió que “podemos hablar de Madrid, de Valencia, de Murcia o de Torrevieja y luego me habláis vosotros del franquismo, a ver qué opináis”. Reinoso insistió en pedir explicaciones, “rectifica o personifica porque en el Partido Popular no somos todos iguales” –exigió-. En medio de esa polvareda intervino el alcalde llamando al orden, sin éxito. “Hemos sido capaces en muchos plenos y en situaciones más complejas de tratarnos con educación, sigamos tratándonos con toda la educación posible”, dijo Luis Díaz-Cacho. Pero mientras pedía a la secretaria que, en efecto, constaran en acta esas palabras, el grupo municipal popular al completo se levantó y abandonó la sala en señal de protesta. “Están en su derecho de levantarse, yo no les puedo retener”, concluyó el regidor.
Este episodio marcó una sesión que, con sus cruces dialécticos más o menos ácidos, había debatido y aprobado asuntos de gran relieve. Por ejemplo, salió adelante un expediente de modificación de crédito para dotar con 500.000 euros la urbanización del Parque Empresarial. El portavoz de IU, Bernardo Peinado, cree que urge tener suelo industrial y que esa cantidad “no pone en riesgo la economía de La Solana”. Recordó que por eso facilitaron la aprobación del último presupuesto y que esa inversión “tendrá su reversión para el Ayuntamiento y para el pueblo a nivel económico y social”.
El PP se abstuvo, aunque se esforzó por dejar claro su apoyo al polígono. Antonio Valiente considera que habría que esperar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. “Ese es el punto débil de la propuesta, así que prima la prudencia y si hemos esperado tantos años por qué no podemos esperar mes y medio”, se preguntó.
Luis Díaz-Cacho, en representación del equipo de gobierno, sentenció que “el futuro de La Solana no puede esperar, necesitamos suelo ya”. Explicó que si todo se hace rápido y no hay contratiempos “la obra podría estar acabada a fin de año” y que esperar ahora sería muy perjudicial “se nos podría ir la legislatura”. Ahora o nunca, dio a entender.
También se aprobó otra modificación bajo la modalidad de ‘suplemento de crédito’. Hay que destinar a amortizar deuda el superávit de la última Cuenta General, en concreto 453.000 euros. Socialistas y populares aprobaron el expediente al tratarse de un imperativo legal, que impide a los ayuntamientos disponer de esos números verdes a su antojo. Izquierda Unida votó en contra porque dice no entender esa situación.
Sí hubo unanimidad en una solicitud de Aqualia, empresa que gestiona el servicio municipal de agua, para que facture en dos fases. Los tres grupos dijeron sí a condición de que no afecte a la plantilla de trabajadores y la empresa se habría comprometido a ello.
En ruegos y preguntas, la concejala de IU, María Pérez, preguntó por qué no se pueden soterrar los contenedores de basura orgánica en la Plazuela de la Marquina, en pleno centro de la ciudad, mostrando fotos recientes que dañan la imagen urbana. También pidió que el Ayuntamiento presente alegaciones contra el proyecto de Tierras Raras antes del 24 de mayo. Por último, su compañera de grupo, María Eugenia Díaz-Malaguilla, pidió redoblar los controles en locales hosteleros para perseguir la venta ilegal de alcohol a menores.
