Según Mestre "en realidad lo hace por imperativo legal al entrar en vigor la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, en la que se establecen los límites máximos que deberán percibir los miembros de las Corporaciones Locales.
Recuerda Maestre que el acalde daimieleño percibe en la actualidad 54.320 euros, por lo que está obligado a reducirse su salario por debajo de los 50.000 euros, si bien la portavoz le sugiriere que no se acoja al máximo permitido y se lo reduzca aún más teniendo en cuenta la realidad social que viven los ciudadanos como consecuencia de la crisis.
En este sentido, Cristina Maestre ha puntualizado que, según el informe de ADECO, los salarios en España se han reducido un 10% desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular y, en consecuencia, entiende que el alcalde debería aplicarse una reducción similar y hacerla extensible también a los concejales liberados a los que no se les ha tocado el sueldo.
Hechas estas precisiones, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Daimiel ha criticado con dureza el “cinismo” de Leopoldo Sierra, quien “pretendía engañar a los ciudadanos aplicándose una bajada que es obligada y no voluntaria”.
Si esta actitud ya de por sí es reprochable, Maestre ha indicado que lo es más aún cuando se comprueba que “los gastos de protocolo de Alcaldía han subido nada más y nada menos que un 1.000%, los dedicados a gratificaciones se han disparado un 416% y los gastos en servicios jurídicos y contenciosos se han incrementado en un 200% a raíz de los numerosos juicios perdidos por despidos improcedentes que lleva acumulados el alcalde”.
En concreto, la portavoz socialista ha manifestado que han sido siete trabajadores los que han ganado juicios por despidos improcedentes y que va a suponer que la cantidad destinada al pago de indemnizaciones roce los 500.000 euros “que tendrán que pagarse con el dinero de los vecinos y vecinas de Daimiel”.
Sentencia por discriminación política
Maestre también se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que se ha condenado al Ayuntamiento de Daimiel por discriminar políticamente a una trabadora del Ayuntamiento, actual secretaria general del PSOE de Daimiel.
Respecto a este asunto, el Grupo Municipal Socialista presentó en el último pleno una moción exigiendo el cese del concejal de Promoción Económica por ser responsable de esta vulneración de derechos fundamentales muy grave en un Estado de Derecho, pero “lamentablemente el alcalde se negó a adoptar medidas contra el edil responsable e incluso se negó a pedir disculpas a la trabajadora allí presente”, trabajadora a la que, por cierto, aún no han restablecido en sus funciones, por lo que Maestre ha vuelto a exigir que se acate la sentencia y se le garanticen las condiciones básicas para el correcto desempeño de sus tareas, circunstancia que hasta la fecha no se está cumpliendo.
