“La Ley de Estabilidad Presupuestaria busca que ningún Gobierno vuelva a gastarse más de lo debido"

Tras detallar algunas de las prácticas presupuestarias que se llevaban a cabo en Castilla-La Mancha, y que sólo han incrementado la deuda y el desfase de Tesorería, Romaní ha asegurado que “debemos desterrar de por vida todas esas prácticas, que sólo buscan el rédito inmediato de algunos políticos y que los ciudadanos tengan que pagar la gloria momentánea de un político”.
 
En opinión del titular de Hacienda de Castilla-La Mancha, que ha intervenido antes de de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de las Cortes regionales, “debemos eliminar la posibilidad de que los malos gestores pongan en riesgo incluso la propia supervivencia de la comunidad autónoma”.
 
La ley de Estabilidad Presupuestaria desarrolla formas concretas de instrumentación de los principios de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, de responsabilidad y de transparencia, lo que conlleva una serie de novedades.
 
Entre ellas, la obligación -por parte de la Consejería de Hacienda- de elaborar un marco presupuestario a medio plazo en el que se encuadrarán anualmente los Presupuestos Generales de la Comunidad. Además, se establece la necesidad de determinar, por parte del Consejo de Gobierno, un límite de gasto no financiero y su posterior aprobación por las Cortes regionales.
 
Paralelamente, la norma abre la puerta a la creación del Fondo de Contingencia como un mecanismo de refuerzo de la disciplina presupuestaria. Igualmente, se crea un Fondo de Reserva para deuda que se destinará, cuando haya superávit presupuestario,  a disminuir el endeudamiento neto de la Junta de Comunidades.
 
Se establece asimismo la exigencia de responsabilidad a los órganos y  entidades concretos que, con sus acciones contrarias a los principios generales de estabilidad presupuestaria, causen perjuicios a Castilla-La Mancha. “Cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos”, ha recalcado Romaní.
 
Finalmente, la ley abre la posibilidad para el Gobierno de adoptar medidas, incluso forzosas, que garanticen el cumplimiento de los principios por todos los órganos y entidades del sector público regional, en fase de elaboración, ejecución o liquidación del Presupuesto.