A partir de ahora, tras el anuncio que ha notificado la Consejería, la dotación presupuestaria se va a incrementar y contará con muchos de los aspectos que UPA ha reclamado desde el inicio tanto a nivel económico como en su aspecto social. En concreto, el relevo generacional es la vía más segura para el sector más importante de la región, así como la priorización de proyectos de cotitularidad en las explotaciones, lo que supone un compromiso en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Pero para UPA uno de los criterios que más prima es atender a los agricultores a título principal y las explotaciones prioritarias. En este sentido, la nueva convocatoria dará prioridad a estas personas que ya trabajan en agricultura; un camino que promueve la estabilidad y el futuro. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se ha reclamado esta medida en numerosas ocasiones.
UPA Castilla-La Mancha recuerda que la región recibió 33,4 millones de euros para los programas de Reestructuración de Viñedo correspondientes al año 2017. Con esta medidas se otorgará cierta liquidez al entorno rural, y supone los primeros pasos del futuro programa 2019-2023.
Por otro lado, la organización agraria destaca que es muy interesante la apuesta que se hace por la calidad y la demanda de los mercados, para que la reestructuración de viñedo se oriente a un producto de calidad y sobre todo con posibilidades en el mercado actual, primando las Denominaciones de Origen.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha tiene claro que se debe de mantener como mínimo el apoyo que hoy tiene este medida de reestructuración y conversión para consolidarlo a lo largo de los próximos años y dotar de una estabilidad a las explotaciones que se adhieran a esta orden. UPA señala que la nueva normativa de reestructuración de viñedo prioriza, asimismo, aquellas explotaciones que hayan contratado un seguro agrario; otra medida que la organización agraria recomienda para el beneficio y tranquilidad de los profesionales del sector.
Se trata de una orden que, a pesar de estar limitada a nivel presupuestario, pone los cimientos de lo que serán los próximos años tanto a nivel económico, como social, para el fortalecimiento de las explotaciones de agricultores profesionales y a título principal y la nueva incorporación de jóvenes y mujeres en el campo.
