La reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se produce después de que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy iniciara el pasado mes de febrero el procedimiento al objeto de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha.
En concreto, se trata de la Ley 7/2015, de 02 de diciembre, que establece la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos desde el 01 de enero y la ampliación de la edad de jubilación del personal funcionario y estatutario de la Junta de Comunidades.
En el encuentro entre los representantes de la Administración central y la autonómica, que tendrá lugar mañana en Madrid, se analizará la legalidad de esta normativa.
El Gobierno de Emiliano García-Page defenderá que en todo momento se actuó respetando la legislación vigente, ya que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde el pasado 01 de noviembre de 2015, establece en su artículo 47 que corresponde a las administraciones públicas establecer la jornada de trabajo de sus empleados públicos.
La recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta de Comunidades forma parte de los compromisos que el presidente regional adquirió con los trabajadores de la Administración regional, con el objetivo de recuperar los derechos que les fueron arrebatados por el anterior Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura.
Además, esta medida ha supuesto la mejora de la calidad de los servicios públicos de la región y la contratación de más empleados públicos por parte de la Junta de Comunidades.
