Así lo ha detallado el secretario general de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Carlos Barrios, durante su intervención en la mesa ‘Gobiernos locales y regionales: modelos de gestión’, que se desarrolló en el marco del Foro Aesmide 2016, celebrado esta semana Madrid.
Barrios ha indicado que las cláusulas sociales recientemente aprobadas por el Consejo de Gobierno están encaminadas a mejorar la protección del medio ambiente, promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social.
Entre las cláusulas sociales el secretario general de Hacienda y Administraciones Públicas incidió en las de contenido socio- laboral, por las cuales se obliga a la empresa adjudicataria a abonar los salarios conforme al convenio colectivo vigente, a tener dados de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, a adoptar las medidas de seguridad e higiene que sean obligatorias en el trabajo, a respetar la interlocución sindical, a cumplir la normativa de colectivos prioritarios en el acceso al empleo y a la subrogación laboral del personal.
Respecto a las cláusulas de integración para las personas con discapacidad destacan las que obligan a la empresa adjudicataria a cumplir la normativa en materia de accesibilidad e inclusión social y las encaminadas a reservar determinados contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción.
En este sentido, Barrios ha explicado que en este momento se está trabajando con este colectivo para determinar qué actividades de las desarrolladas por la administración regional pueden ser ejecutadas por centros especiales de empleo, un mandato que se estableció por primera vez en Castilla-La Mancha en la Ley de Presupuestos regionales para este año.
Respecto a la Oficina de Contratación, Barrios ha subrayado que supone potenciar la transparencia en la contratación pública, ya que se trabajará bajo una única dirección y se establecen criterios comunes de obligado cumplimiento, lo cual además dará seguridad a todos los operadores de la contratación, reduciendo así el riesgo de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico y generando importantes economías de escala en la contratación centralizada.
Barrios ha destacado también que con esta nueva Oficina todos los servicios y unidades de contratación de la Administración regional y de sus organismos autónomos pasarán a depender orgánicamente de la Consejería de Hacienda, por lo que su creación no supone un incremento de gastos de personal, ya que se trata de una redistribución orgánica del mismo.
Además, se introducen otras novedades importantes en materia de contratación pública, al incrementarse el número de servicios y suministros que se declaran de contratación centralizada y establecerse que en las mesas de contratación solo podrá participar personal funcionario, estando excluidos de ellas los altos cargos y el personal directivo de instituciones sanitarias.
