Aurelia Sánchez entiende que las demandas del colectivo de trabajadores sociales de la región “se producen como consecuencia del desmantelamiento de los servicios sociales durante los últimos cuatro años”.
Entre las iniciativas presentadas destaca la modificación del decreto regulador del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) “para que se pueda atender a todas las familias posibles en situación de pobreza económica y no solo a unas pocas que estén en exclusión social”, señala el documento del Colegio.
Aumentar las plantillas de las direcciones provinciales de Bienestar Social para reducir el tiempo de tramitación de las peticiones de Emergencia Social, es otra de las propuestas del Colegio, que también sugiere que esas peticiones se tramiten por medio del Plan Concertado y se vean incrementadas en los próximos ejercicios.
Respecto al personal, solicitan que se realicen contrataciones temporales en las Zonas de Servicios Sociales de la región de, al menos, un trabajador social de apoyo para reforzar la tramitación de solicitudes de IMS, AES y dependencia.
En cuanto a los plazos de convocatoria de subvenciones, el Colegio de Trabajo Social sugiere que se realicen en el mes de octubre del año anterior al ejercicio afectado y que se resuelvan lo antes posible para que el primer plazo del pago del 40% inicial tenga lugar en el primer mes del ejercicio anual.
Los representantes de los trabajadores sociales colegiados solicitan una regulación de la “Urgencia Social” en todas las áreas de actuación de la Consejería de Bienestar Social, que contenga unos protocolos, compromisos y tiempos de atención.
Igualmente piden el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que debe convertirse en “la principal guía a seguir en materia de Servicios Sociales”, en la que se otorgue “la misma prioridad a las personas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia que a las personas en situación de pobreza económica o exclusión social”.
