El Ejecutivo autonómico ha mostrado de esta forma su conformidad con el documento, cuya puesta en marcha está cifrada inicialmente en unos 100 millones de euros. En el encuentro de la pasada semana, ambas partes analizaron el “encaje” del Plan en los presupuestos regionales para 2017.
Este Plan se someterá a un proceso de participación ciudadana y, una vez finalizado, se realizará la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha.
Respecto a las ayudas de pobreza energética, que actualmente el Gobierno regional gestiona a través de Cruz Roja y Podemos pide que sea mediante una entidad bancaria, el Gobierno que preside Emiliano García-Page realizará un análisis de los datos del resultado del primer año para ver cuál es el modelo que menos estigmatización produce.
Sobre la supresión de las ayudas extraordinarias que solicita Podemos, el Gobierno regional se muestra partidario de que como “grupo de ayudas” sigan existiendo, con el planteamiento de reducirlas en favor de la puesta en marcha de otros programas para atender situación “absolutamente excepcionales”.
