REGIÓN

Según CSIF 'Page incluye su nombre en la ‘Ley Cospedal’ por perpetuar los recortes'

Sacramento Rodríguez y Joaquín Sánchez
Sacramento Rodríguez y Joaquín Sánchez

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige de una vez por todas la derogación de la Ley 1/2012 del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, más conocida como ‘Ley Cospedal’, un ordenamiento jurídico que ocho años después que mantiene derechos bloqueados a los empleados públicos de la región.

CSIF se muestra en total desacuerdo con el Gobierno regional, que da por concluidos y revertidos los recortes de la etapa de Cospedal. No obstante, la Central Sindical, en rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, no sólo ha expuesto los derechos que continúan cercenados sino que ha pedido al Ejecutivo autonómico que aproveche su mayoría absoluta para “enterrar” esta ley.

“La ‘Ley Cospedal’ se tiene que llamar obligatoriamente ‘Ley Page-Cospedal’, es de justicia que los dos nombres vayan asociados, uno por iniciar los recortes y otro por mantenerlos”, ha señalado el presidente del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez.

Se ha puesto fin a la penalización económica por incapacidad temporal y a la jornada de 35 horas, y también se ha producido un incremento salarial superior al 7 por ciento acumulado desde el 2018, pero “son directrices marcadas desde el Ministerio de Hacienda con el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público que firmó CSIF en marzo de 2018, sin embargo el Gobierno regional saca pecho y hace suyas estas mejoras”, añadía Sánchez. Así, explicaba que “la ley Cospedal es la punta del iceberg, ya que quedan muchos recortes expresados en resoluciones y presupuestos que siguen demostrando que el Gobierno no ha acabado con los recortes, no pueden seguir engañando a los empleados públicos mientras se aprovecha el ‘rodillo’ de la mayoría absoluta. Page ya lleva más años al frente de la Junta que Cospedal, es justo que ambos compartan nombre para referirnos a esta normativa”.


En esta línea, la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, ha hecho alusión a la amenaza de Emiliano García-Page sobre la amenaza con recortes en educación, sanidad y otros servicios sociales si el Ministerio de Hacienda no abona los 135 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del año 2017. “¿Va a haber recortes después de que la ministra María Jesús Montero dijera que no se iba a proceder a este pago?”, preguntaba Rodríguez, que añadía que “no se pueden utilizar los servicios públicos de la comunidad autónoma como rehenes. No sólo se mantienen recortes de la época de Cospedal sino que ahora hay amenaza de aumentarlos. CSIF estará enfrente y se movilizará con toda su fuerza para impedirlos”.

Asimismo, señaló que “Page hizo esta amenaza compartiendo foto con CCOO, UGT y Cecam en la firma del II Plan Adelante. Es obsceno que quienes tienen que defender los servicios públicos callen, es un silencio cómplice”.

Es más, Rodríguez subrayó que “se puede empezar a recortar de los 38,3 millones de euros con los que el actual Gobierno regional ha subvencionado a CCOO, UGT y Cecam, ayudas que no están justificadas”, o “también puede recortar la propia armazón de la Junta, con personal de confianza y las nuevas consejerías, viceconsejerías y direcciones generales, así como en la indignante Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha que aprobó en diciembre y que supone la consolidación de altos cargos, unos servicios especiales a la Junta que tienen como premio el grado más alto de funcionario y con retroactividad desde 2007 y cuyo montante económico, a pesar de haber sido reclamado al Gobierno regional, seguimos sin conocer”.

Recortes

Entre los recortes que afectan a todos los sectores, la contratación de personal sólo se puede llevar a cabo salvo casos excepcionales y con el visto bueno de la Consejería de Hacienda; no se cubren sustituciones de excedencias, licencias ni reducciones voluntarias de jornada, además de que continúan suprimidas las ayudas del Plan de Acción Social.

En el ámbito sanitario se han producido amortizaciones masivas de plazas tras la disminución de 3.000 trabajadores del Sescam, lo que generó un incremento del empleo precario que no han solventado la Oferta de Empleo Público y el Plan de Estabilización de 2016.

Entre los recortes continúa paralizada la carrera profesional; no se llevan a cabo sustituciones de personal salvo en casos excepcionales; han disminuido un 15 por ciento las retribuciones en Atención Continuada; los concursos de traslados que han excluido al personal de Inspección y de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitaria; continúa la revisión a la baja de los índices de dispersión geográfica en Atención Continuada y la externalización de la asistencia por accidente de trabajo o enfermedad para los trabajadores del Sescam en manos de la mutua Solimat.

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