La consejera ha admitido no obstante que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ya tiene un primer informe analizando las consecuencias de este posible trasvase entre el Júcar y el Levante. Tal informe plantea “una serie de defectos” en el protocolo, entre los cuales figura el hecho de que “el Gobierno quiere hacer unas derivaciones de agua que ni siquiera están definidas en el sistema Júcar”, ha indicado De la Cruz.
Una “aberración”
También ha afirmado que le ha llamado la atención el hecho de que se pretenda enviar un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales entre “dos cuencas que son deficitarias”. Hoy por hoy, ha aclarado “ni siquiera está definido lo que es excedentario y lo que no”. Por todas estas razones, la consejera ha tildado el protocolo de “aberración”.
En realidad, ha concluido De la Cruz, “lo que han presentado es un protocolo, es papel mojado, una medida totalmente electoralista. Para que eso sea válido tiene que estar regulado en el sistema Júcar”, razón por la cual se ha referido al protocolo como “una medida para comprar votos que todavía no tiene ninguna validez”.
En opinión de la consejera, “las comparaciones son odiosas”, a este respecto ha mencionado las enormes dificultades que en los distintos planes de cuenca ha puesto el Ministerio de Agricultura tanto a los regantes del Alto Guadiana, que están reclamando 40 hectómetros cúbicos, como a los de la Mancha Oriental para acceder a aguas superficiales con las que atender las necesidades de Castilla-La Mancha, región en la que “también muchas familias viven de la agricultura”.
La consejera considera “lamentable” que a los regantes levantinos se les vaya a considerar exentos de pago en “la recuperación de los costes de esas infraestructuras cuando a los regantes de la Mancha Oriental no se les ha hecho ninguna exención en el bombeo del agua de sus pozos”. También se ha cuestionado que ese nuevo trasvase pretenda servir 30 hectómetros para consumo humano a Levante desde Alarcón “cuando la ciudad de Albacete está perjudicada en el convenio de Alarcón y no tiene derecho a esa agua”.
Debido a los trasvases desde el Tajo y a este nuevo anuncio de futuras derivaciones desde otra cuenca que atraviesa Castilla-La Mancha, la consejera ha expresado su deseo de que el próximo 20 de diciembre “cambie el Gobierno de España y haya alguien capaz de impartir justicia en el tema del agua de forma que todos nos beneficiemos por igual”.
