Así lo ha indicado Martínez en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto con motivo de la celebración hoy, 17 de mayo, del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, actualmente denominado Día contra la LGTBI-Fobia, por la inclusión de la lesbofobia, bifobia e interfobia.
Por eso, ha indicado, se ha consensuado “entre todos y todas un manifiesto” al que se ha dado lectura en las Cortes y además, ha recordado Martínez, desde el Instituto de la Mujer “venimos trabajando desde hace tiempo, dando pasos” como organismo desde el que el Gobierno ha depositado la tarea de impulsar las medidas de lucha contra la discriminación.
Este, ha continuado la directora del Instituto de la Mujer, es “un paso más de los que venimos dando hace meses” para conseguir verdaderamente todos los obstáculos que todavía persisten en la región y dentro de nuestro ámbito de competencias, para lograr una sociedad “verdaderamente tolerante y verdaderamente igualitaria para todas las personas”.
Un manifiesto de colaboración
El manifiesto leído hoy en las Cortes apuesta por el deseo de colaboración con el Gobierno regional en el desarrollo de una Ley para luchar contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia e interfobia para avanzar por “la igualdad real de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en nuestra Comunidad” y se expresa el compromiso “a favor de la igualdad y el respeto de la diversidad sexo-genérica y condenar la discriminación y la violencia física y verbal” así como la condena a cualquier legislación que criminalice cualquier diversidad afectivo sexual o de identidad y expresión de género y las que persiguen a las personas defensoras de los derechos humanos del colectivo LGTBI en todo el mundo.
Por último, el manifiesto establece que se realicen acciones diplomáticas para pedir a la Comisión Europea su condena enérgica de las legislaciones contra las personas LGTBI y defensoras de los derechos humanos LGTBI en cualquier parte del mundo, y a establecer un protocolo que garantice “una especial atención” en procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de personas procedentes de países donde son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género.
