De la Cruz ha desgranado los porcentajes de ejecución presupuestaria efectiva que el actual Ejecutivo encontró en la Consejería y que conjuntamente rozaban el 55%, 30 puntos menos que al cierre del ejercicio contable en sólo tres meses, por lo que ha destacado el esfuerzo político y técnico de todo el personal de la Consejería y el hecho de que, a pesar del escaso tiempo, muchas partidas esenciales han alcanzado un porcentaje de ejecución del 100% o muy cercano.
También ha hecho referencia a la ingente cantidad de asuntos judicializados que están obteniendo sentencias condenatorias de los diferentes tribunales de justicia y cuyo montante supera ya los 180 millones de euros, una cantidad que limita las posibilidades de crecimiento presupuestario de la Consejería.
La consejera ha cifrado el pago de esas deudas pendientes en una cifra cercana a los 65 millones de euros. También ha reseñado que el Gobierno actual se ha visto obligado a proveer 22,5 millones de euros adicionales para poder hacer frente al pago de reclamaciones por rescisiones de contratos de obra. La consejera ha atribuido a la “soberbia” y a la falta de “gestión eficiente” del Gobierno anterior esta circunstancia y ha reseñado que varios de estos expedientes se han resuelto ya por medio de la negociación y mediación con las empresas perjudicadas y que han permitido un ahorro a las arcas públicas cercano a los 30 millones de euros.
Depuración de aguas
En lo que atañe a las infraestructuras de depuración, la titular de Fomento ha cifrado la pérdida dineraria en otros 68 millones de euros entre reposiciones de elementos deteriorados e indemnizaciones de los 157 proyectos paralizados el pasado mandato y aproximadamente en 30 millones la pérdida de fondos europeos por este motivo, además de las cuantiosas sanciones a los ayuntamientos, obligados a depurar por la legislación europea.
Durante los últimos meses de 2015, ha relatado De la Cruz, se han reiniciado una serie de obras de depuración por valor de 15,2 millones de euros paralizadas en el segundo semestre de 2011. En el último trimestre han arrancado las obras en siete grupos de depuración en toda la región. De la Cruz ha establecido el “compromiso” de terminar todas estas obras y ha tildado al Gobierno precedente de “kamikaze” por haberlas paralizado por la carga que ha significado tal hecho a las arcas municipales y por extensión a la ciudadanía.
La Consejería retomará en 2016 a través de la Agencia del Agua todos los proyectos y obras pendientes desde 2011 en materia de depuración de aguas residuales con una previsión de 32,1 millones de euros, montante que incluye las partidas destinadas a terminar 44 depuradoras inacabadas de la región, a iniciar proyectos en otros 30 municipios y a realizar mejoras en los sistemas de abastecimiento de Picadas, Algodor y Campana de Oropesa.
En relación al bajo nivel de ejecución presupuestaria en algunas áreas, De la Cruz se ha detenido en algunas de ellas que a su juicio ejemplifican la inercia de “hibernación” y “parálisis” en la que estaba sumida la Consejería. Por un lado ha mencionado la vivienda, con una “paralización y mala gestión de las órdenes” en vigor.
En este capítulo, el Ejecutivo actual encontró un grado de ejecución efectiva de un 25%, puesto que no se habían convocado en plazo las líneas de ayuda del VI Plan de Vivienda como fomento del alquiler y evaluación de edificios. Este hecho ha obligado a la Consejería a tramitar las prórrogas de las ayudas al alquiler de 2013 y 2014 y la convocatoria de ayudas de 2015, algo que la consejera atribuye al “giro social” acontecido en el último semestre.
En total, se han gestionado más de 7.000 ayudas en sólo tres meses. Por otra parte, se han liquidado en el último trimestre del ejercicio las solicitudes por adquisición de vivienda protegida a un total de 140 familias de la región que han percibido un montante conjunto de 1,8 millones de euros.
Enfoque Social
Elena de la Cruz ha hecho mención a que el Presupuesto 2016 de la Junta de Comunidades gastará 7 de cada 10 euros en gasto social para “favorecer a aquellos que más han sufrido este tiempo de recorte y sacrificio”. Para la Consejería de Fomento, ese enfoque se traduce en “austeridad” en algunas partidas, aunque con líneas de acción de marcado carácter social “que atiendan a las necesidades elementales de la ciudadanía”, un esfuerzo que ha calificado de “compartido” ante la “situación excepcional” en la que se encuentra Castilla-La Mancha.
La consejera ha significado que el ajuste en Fomento (de un 10%) se ha producido “en favor de las áreas con un mayor componente social” de cuantas integran el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Como consejera querría que fuese más amplio, como miembro de un Gobierno que piensa en los ciudadanos que todavía lo están pasando mal, me siento orgullosa”, ha indicado, abogando por gastar los fondos disponibles con “racionalidad” y “de forma eficiente”.
A pesar de ello se producen incrementos porcentuales en partidas como inversiones reales en materia de promoción de vivienda (+30%) o en las transferencias corrientes también dentro de vivienda (+13,9%) que recoge programas como el fomento del alquiler. Todas las ayudas del Plan de Vivienda contarán con un presupuesto conjunto superior a los 25 millones de euros. También aumenta el presupuesto para el desarrollo de la sociedad de la información (+4,78%) y se prevén 5 millones de euros para contribuir al despliegue de la banda ancha en las zonas que no cubren los operadores comerciales y 1,7 millones para iniciar la renovación de la plataforma tecnológica que da servicio a Emergencias-112.
El presupuesto global de Fomento contempla 266,8 millones de euros que incluyen los 32,8 del organismo autónomo de la Agencia del Agua. La empresa pública GICAMAN y la entidad pública Infraestructuras del Agua contarán con presupuestos de 34,1 y 78,9 millones de euros respectivamente. El gasto corriente de la Consejería disminuye genéricamente un 4,12%.
Por áreas, Carreteras y Transportes contará con 127,3 millones de euros de los cuales 43,6 se destinarán a mantenimiento y conservación de la red, Vivienda y Urbanismo con 42,4 millones, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con 47,1, la Agencia del Agua con 32,8 y Planificación Territorial y Sostenibilidad con 1,2.
