El portavoz del Gobierno autonómico ha explicado que se trata de la ampliación de la querella presentada el pasado 17 de mayo por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, en relación con unas obras en los graderíos de un polideportivo en Ciudad Real, así como en los vestuarios de las mismas instalaciones.
Estas supuestas obras, que se habían certificado y pagado, nunca se llegaron a realizar y, ante la gravedad de los hechos, los servicios jurídicos de la Junta presentaron esta querella, que fue ampliada ayer, puesto que estamos ante unas prácticas idénticas a las referidas en Ciudad Real.
Leandro Esteban ha indicado que, tanto en Ciudad Real como en Alovera, concurren hechos de similares características, se produce el mismo “modus operandi” e intervienen las mismas personas, por lo que, a su juicio, podría tratarse de una presunta trama delictiva.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas ha asegurado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decidido acudir a los tribunales para exigir responsabilidades a los anteriores gestores, ya que, según ha resaltado, “el dinero público de los castellano-manchegos no puede ser mal empleado”.
En este sentido, el portavoz del Gobierno regional ha destacado que los ciudadanos de Castilla-La Mancha “tienen derecho a conocer” cuál es el uso que hacen los gestores del dinero público.
