La Junta amplía la querella contra el anterior director general de Deportes

Durante una rueda de prensa en Toledo, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha asegurado que los tribunales tendrán que dirimir sobre la presunta trama de corrupción, que afecta al ex director general de Deportes y a otros ex altos cargos del anterior Ejecutivo socialista.
En este sentido, Leandro Esteban ha explicado que la empresa adjudicataria (Construcciones Tecdeco, SLU), conformando una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con otras sociedades, fue contratada por el citado ex director general de Deportes. Entre las sociedades que formaban parte de dicha UTE, se encontraban empresas para las que Parra había trabajado antes de formar parte del Gobierno socialista.
A juicio de Leandro Esteban, la investigación ha adquirido “una relevancia espectacular, en el peor sentido del término”, ya que se repiten pautas, modus operandi, empresas y personas en torno a la figura de Roberto Parra. En su opinión, esta suma de datos “hace pensar que no nos encontramos ante hechos aislados”.
Este presunto trato de favor, ha proseguido Leandro Esteban, “agravaría el hecho de cobrar por unas obras que no se realizaron”, lo que significa “meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos de manera torpe, mezquina e impresentable”.
La ampliación de la querella de la que ha informado hoy el portavoz del Gobierno regional afecta también al representante de la empresa adjudicataria de las obras, Construcciones Tecdeco, SLU., Juan José Sánchez Manjavacas.
El pasado 17 de mayo de 2012 se inició este procedimiento judicial con la presentación de una querella por parte de la Junta de Comunidades contra ex altos cargos del anterior Ejecutivo socialista en Castilla-La Mancha, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en relación con unas obras en los graderíos del Polideportivo ‘Príncipe Juan Carlos I’,  de Ciudad Real, así como en los vestuarios de las mismas instalaciones.
Posteriormente, en noviembre de 2012, la Junta amplió la querella por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental relativos a unas obras en el polideportivo de Alovera (Guadalajara).