Porque, aseguraba, los “números rojos que me importan a mí es que la gente tengan la sanidad y la educación que teníamos, ni siquiera quiero milagros, lo que teníamos y tanto nos costó poner en marcha, y que la gente encuentre empleo en nuestra tierra”.
Por eso, le preguntaba a Cospedal si cuando esta mañana hablaba de números rojos se estaba refiriendo a los números rojos de Rato en Bankia o a los números negros de Bárcenas o a los 6.000 millones de deuda que ha suscrito en tres años. “Ha ido –añadía- más veces al banco para pedir préstamos, y no para hacer hospitales ni centros de salud que los ha cerrado, que nosotros en 20 años”.
García-Page aseguraba que Cospedal “no tiene credibilidad ni para hablar de números rojos, ni de números negros, ni de sueldos en A ni de sobresueldos en B”, y, tampoco tenía “credibilidad cuando le dijo a la gente que no iba a pisar las líneas rojas de la sanidad y de la educación. No las ha pisado, las ha pisoteado, se las ha cargado”.
En contraposición, el candidato socialista se comprometía a que “en esta región, como había antes de la crisis, haya estabilidad presupuestaria y se cumplirá con la ley, con los ingresos y con los gastos, pero los números que nos importan son los de los 40.000 chicos que se han tenido que ir fuera de España, los números de la gente que cobra tres veces menos trabajando tres veces más”.
García-Page hacía estas afirmaciones en el acto que celebraba en Quintanar de la Orden junto al candidato del PSOE a la Alcaldía de la localidad, Juan Carlos Navalón, y el secretario general de los socialistas toledanos, Álvaro Gutiérrez, y en el que aseguró que le “gustaría más que Cospedal en vez de atacar, cuando no tiene posible contestación, hubiera querido debatir”.
Al respecto anunció que en el Estatuto para la Vida Pública que quiere aprobar cuando sea presidente de Castilla-La Mancha se incluirá una disposición para obligar a que se celebren debates electorales entre candidatos.
Además, también anunciaba una reforma para que en las Cortes de Castilla-La Mancha se instaure la sesión de control al gobierno como ocurre en el Parlamento nacional.
Para que “el presidente comparezca en el parlamento autonómico, como lo hace en el Congreso de los Diputados, y responda a las preguntas de los parlamentarios, algo que no ha ocurrido en estos cuatro años”.
