Así lo ha subrayado durante la firma de un convenio mediante el que la Administración regional reserva a los centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral de la Comunidad Autónoma, un 6% del total del presupuesto que se destina a la contratación de diferentes servicios, mejorando así la empleabilidad de las personas que trabajan en estos centros y la rentabilidad de éstas.
Un acto en el que, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han participado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo en la región, (FEACEM-CLM), Pedro Jesús Sáez Cruz; la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad(CERMI) en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la región, José Martínez Martínez.
El presidente regional durante su intervención en el acto de firma del convenio ha destacado que ya el presupuesto regional para 2016 tenía mucha “más alma” que los de los últimos años y que los de otras administraciones, además de que suponía un paso determinante al establecer con rango de Ley una pauta a seguir, un punto de inflexión importante respecto a la discapacidad.
En este sentido ha explicado que, en realidad, lo que se pone de manifiesto es que el Gobierno de Castilla-La Mancha “no es neutral en la actividad económica”, ya que no compartimos que podamos “intervenir” en la economía, pero sí consideramos que los presupuestos, “tanto en sus ingresos como en gastos tienen que obedecer” a sentimientos y objetivos “colectivos” y tener el máximo grado posible de “humanidad e inteligencia”.
Esta medida en el terreno del gasto, ha resaltado García-Page, viene a ser el equivalente a la “discriminación positiva” que se establece con las bonificaciones sociales. Así, “tanto en los ingresos como en los gastos vamos poco a poco estableciendo prioridades”.
El presidente de Castilla-La Mancha ha incidido en este sentido en que “todas las medidas se nos hacen pequeñas a la hora de conseguir la plena integración, sobre todo de aquellos que tienen más dificultades en la vida colectiva”.
Hay una reserva específica para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público y ahora se da “un paso más”, ha señalado el presidente regional, quien ha manifestado su deseo de que este documento sea un ariete para que otras administraciones se sumen a esta discriminación positiva en la contratación pública.
Con esta reserva del 6% a centros especiales de empleo y empresas de inserción se posibilita que éstos puedan contratar a las personas con discapacidad, que, además, “lo pide más que mucha otra”.
La gente con discapacidad, que en Castilla-La Mancha serían unas 183.000 personas, está deseando trabajar, ha puesto en valor García-Page, que ha incidido en que la decisión que está tomando el Gobierno regional es que “tienen preferencia unos a otros en el acceso al empleo, en función de su necesidad”.
Las personas con discapacidad que nos reclaman empleo, ha añadido el presidente regional, no lo hacen para vivir, es porque forma parte de la condición humana el trabajo, es casi la “tarjeta de presentación” para ser ciudadano en esta sociedad.
García-Page ha resaltado que los colectivos de discapacidad tienen dos peticiones permanentes. Por un lado, clarificar qué va a pasar cuándo los tutores falten, para lo que el Gobierno regional está elaborando una Ley. Y, por otro, acceder a un trabajo, para lo que hay que hacer “un esfuerzo adicional o es francamente complicado”.
“Tiene que haber un circuito de integración, razonablemente tutelado, a caballo entre lo público y lo privado, que es lo que se está cristalizando con este acuerdo”, ha finalizado García-Page, que ha considerado que el mismo tiene “altura histórica”.
Acuerdo con Centros Especiales de Empleo
Mediante el acuerdo suscrito esta mañana, el Gobierno de Castilla-La Mancha reserva a centros especiales de empleo y a empresas de inserción un 6% del presupuesto total de la Administración regional para la contratación de diferentes servicios.
La medida supone destinar más de 2,2 millones de euros para la contratación de servicios en un total de 23 centros especiales de empleo y empresas de inserción de la región.
Se trata de la primera vez que el Gobierno regional incluye la reserva a centros especiales de empleo y a empresas de inserción la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de la Junta de Comunidades.
Castilla-La Mancha cuenta actualmente con una de 92 Centros Especiales de Empleo, de los que 73 son empresas de inserción. En ellos que trabajan más de 3.700 personas, de las que 3.374 son personas con algún tipo de discapacidad.
Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que con el acuerdo firmado hoy la Administración regional avanza “en los principios de solidaridad y en conseguir una sociedad más justa con la contratación pública”.
Ruiz Molina ha recordado que con el documento firmado hoy, que mañana se convertirá en un acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, se ejecuta un mandato que venía establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016 y que también se recogía en un acuerdo aprobado el pasado mes de octubre por el Consejo de Gobierno para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que desde la aprobación de los Presupuestos de la región para este año y hasta llegar a la firma de este acuerdo se ha llevado a cabo “un trabajo complejo” por parte de los técnicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y las organizaciones hoy firmantes para analizar a qué se dedican los centros especiales de empleo y las empresas de inserción y, de acuerdo con su objeto social, determinar de qué tipo de contratos públicos de la Administración regional pueden ser adjudicatarios.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que las áreas de actividad objeto de los contratos, o lotes de los mismos, que pueden reservarse a centros especiales de empleo y empresas de inserción son servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes; almacenamiento; lavandería y planchado; restauración, catering y hostelería; recogida y transporte de residuos; digitalización y tratamiento documental; servicios auxiliares y conserjería y suministro de ropa de trabajo.
La puesta en práctica de este acuerdo “va a reforzar la actividad de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción en más de dos millones de euros, con lo que tiene esto de positivo para las personas con discapacidad”, ha puesto en valor Ruiz Molina.
Además, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que los contratos de limpieza y mantenimiento de los edificios administrativos no se han podido incluir en este momento en este acuerdo, pero que cuando vuelvan a tener que ser adjudicados también se añadirán y, por lo tanto, supondrá reservar a estos centros y empresas el 6% de 27 millones de euros.
Por último, Ruiz Molina ha resaltado que este acuerdo supone la consecución de dos grandes objetivos: favorecer el empleo de las personas con discapacidad y aumentar la eficiencia del gasto de la Administración, que es siempre un objetivo que debemos tener los gestores públicos.
