Romaní ha añadido, no obstante, que hay "dos circunstancias excepcionales" que van a quedar al margen del déficit. Se trata, por un lado, de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el Impuesto sobre Determinadas Actividades que inciden en el Medioambiente (Idaima), por lo que la Junta debe devolver alrededor de 200 millones de euros.
Por otro lado, se ha detectado un "error" en las declaraciones del IVA de la empresa pública Gicaman correspondientes al anterior Gobierno, que el actual Ejecutivo ha regularizado.
Estas dos circunstancias, ha dicho el consejero, "son un desastre que todavía tenemos que sufrir de la etapa anterior". La obligación del Gobierno de Cospedal, ha añadido Romaní, "es regularizar, reconducir y sanear las finanzas públicas", incluidos los errores de gestión de la etapa socialista.
Romaní ha querido dejar claro que, a pesar de estas dos circunstancias excepcionales, el Gobierno no ha tenido que hacer recortes adicionales de gasto, por lo que no habrá ajustes adicionales.