El modelo que se propondrá estará basado en los principios de suficiencia, equidad horizontal y lealtad institucional.
Ruiz Molina ha recordado que el actual modelo, que tenía que haber sido revisado en 2014, ha perjudicado a Castilla-La Mancha, ya que no ha garantizado a lo largo de su vigencia los recursos financieros necesarios para cubrir en su totalidad los gastos que genera la atención en sanidad, educación y servicios sociales.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos, el consejero ha detallado las líneas principales que definirán las políticas que en materia de Hacienda y Administraciones Públicas se van a llevar a cabo en los próximos cuatro años y que se concretan en 46 medidas, entre ellas, siete novedades legislativas.
Área de Hacienda
Lo más inmediato en materia financiera es la elaboración del presupuesto de 2016, en cuya elaboración ya se está trabajando bajo la premisa de que sea coherente con las necesidades de la región, ya que será el instrumento a partir del cual se inicie la recuperación, tanto económica como social, en Castilla-La Mancha.
Estos presupuestos, además de ser realistas, deberán recoger los avances de la negociación con empresarios y sindicatos que se han de derivar del acuerdo para la recuperación económica y del acuerdo para la recuperación social.
Además, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se llevará a cabo, de manera inmediata, un Plan de Choque en materia tributaria encaminado a activar y ejecutar aquellos expedientes que están sin resolver y que pueden suponer ingresos inmediatos.
En relación con el sistema tributario regional se elaborará un plan para hacer más efectivo el ejercicio de capacidad normativa de la Junta, con el objetivo de hacer efectivo el principio de capacidad económica de los contribuyentes y, por tanto, en la progresividad fiscal.
Puesta en valor de los empleados públicos
Además de los recursos financieros, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas tiene las competencias en materia de recursos humanos, el otro instrumento en el que sustenta la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.
En este área, la Consejería presentará en las próximas semanas en la Mesa de Negociación una propuesta de acuerdo marco sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos, en el que constarán las materias a negociar, el calendario y los plazos de ejecución, en función de las disponibilidades presupuestarias. En definitiva, una apuesta decida por recuperar el diálogo social y el restablecimiento de los derechos perdidos.
Algunas de las medidas que se plantearán en materia retributiva, en ese acuerdo marco, serán la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la eliminación de la conocida como ‘tasa Cospedal’ y la supresión de las rebajas salariales por incapacidad temporal. También se recuperará la jornada de 35 horas semanales.
Dentro de la función pública, también se aprobarán anualmente ofertas de empleo público, se desarrollará la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, se elaborará un Plan de Igualdad de Oportunidades entre Empleados Públicos, se negociará un plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos y se diseñará un Plan director de Prevención de Riesgos Laborales.
Refuerzo e impulso de la administración local
En una Comunidad Autónoma con la configuración territorial de Castilla-La Mancha, el refuerzo e impulso de la administración local es básica paro poder prestar unos servicios de calidad a los ciudadanos. Con este objetivo, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se desarrollará una Ley de Régimen Local y de Cooperación Municipal de Castilla-La Mancha.
En cuanto a la bolsa de empleo de secretarios e interventores para Ayuntamientos, se convocarán pruebas periódicas para cubrir las vacantes existentes al ser insuficiente la convocatoria de oposiciones por parte del Estado.
Ruiz Molina ha adelantado en la comparecencia que en los próximos días desde la Consejería se van a adecuar las diez Oficinas de Información y Registro de la región, situadas en las cinco capitales de provincia y en Talavera de la Reina, y el teléfono único de información 012 para atender a todas las personas y entidades de la región que quieran ayudar en la crisis de los refugiados sirios. Será una actuación más del plan que llevará a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer frente a este drama humanitario y que liderará la Consejería de Bienestar Social.
Para continuar con el proceso de modernización administrativa, iniciado en 1999 y paralizado durante la última legislatura, se pondrán en marcha nuevos mecanismos e instrumentos para canalizar y fomentar la participación ciudadana en los procedimientos administrativos.
Además, con el objetivo de fomentar una gestión de calidad, se desarrollarán las Cartas de Servicio de aquellos servicios que aún no las poseen y se actualizarán las ya existentes.
Protección ciudadana
En esta área se acometerá la renovación de la plataforma tecnológica del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2, se elaborará e implantará un Plan Especial de Riesgo Sísmico para la región y se actualizará el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM).
Además, se modificará el decreto que crea y regula el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha para resolver los inconvenientes que se han presentado desde su puesta en funcionamiento y se desarrollará el Reglamento General de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos regional, que debería haberse aprobado en el año 2012 pero que el Gobierno de Cospedal no acometió.
En el ámbito de la formación y coordinación de los policías locales, se potenciará la oferta formativa de la Escuela de Protección Ciudadana y se elaborará la Carta Marco de Servicios en los servicios policiales, entre otras actuaciones.
Novedades legislativas
Entre las principales medidas de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas destacan las novedades legislativas que se llevarán a cabo a lo largo de la legislatura. En este sentido, se redactará una nueva Ley de Hacienda y se presentará en aras a la transparencia un proyecto de ley de Auditoria Pública Ciudadana de Castilla-La Mancha, en la que se recogerá la creación de una Cámara de Cuentas. La principal novedad es que se podrán articular por ley los mecanismos de participación ciudadana en este ámbito. Por otro lado, se revisará la Ley de Tasas y Precios Públicos y se elaborará una Ley de Mejora del Acceso a la Función Pública de las Personas con Discapacidad.
En materia de contratación pública, se aprobará una Ley de Contratos del Sector Público de Castilla-La Mancha que garantizará la transparencia, la publicidad y la concurrencia en las licitaciones. Por otra parte, para hacer más eficiente la gestión patrimonial se aprobará una nueva Ley de Patrimonio, que sustituya a la actual de 1985 y la adapte a la legislación básica estatal.
