Así, los diputados de todas las provincias relacionadas con el Trasvase Tajo-Segura – Lourdes Méndez y Joaquín Robles (Murcia), Ricardo Chamorro (Ciudad Real), Rocío de Meer (Almería), Manuel Mariscal (Toledo) y Manuel Mestre (Alicante)– se unen en esta iniciativa parlamentaria que denuncia que “la decisión de incorporar a representantes del activismo antitrasvasista en el órgano que decide los desembalses, constituye un acto de contaminación de los órganos técnicos de la administración hidráulica española y además no ofrece soluciones para los municipios ribereños ni para los regantes en el levante español”.
Esta iniciativa parlamentaria es el primer paso de la agenda de VOX para defender la unidad hidrológica de la Nación, oponiendo una lucha frontal, inteligente y sostenible contra el separatismo hidráulico instigado por el gobierno socialista y los demás partidos atrapados en el regionalismo y en la negación del interés general. Ante el hecho insólito de nombrar un asesor-activista en el órgano llamado a decidir cuestiones del más alto interés nacional, los diputados de VOX preguntan al Gobierno por los verdaderos motivos de haber desatado un conflicto de intereses que conduce a un recrudecimiento de la denominada ‘guerra del agua’ entre regiones y endurece los sentimientos de hostilidad entre españoles y usuarios de este recurso natural escaso y valioso.
VOX reprocha además al Gobierno –explican los diputados del GP VOX- el riesgo de debilitar el carácter técnico de la Comisión de Explotación del Trasvase, excitando el deseo legítimo de otros colectivos de usuarios para participar también, incapacitando con ello a la Comisión para la correcta aplicación del Memorándum que regula el Trasvase.
El Gobierno también deberá explicar por qué ha dejado de confiar en los cauces normales de participación previstos en la Ley de Agua y aclarar los motivos de una decisión que eleva el tono de agravio que rodea la gestión hídrica en España, no mejora la grave situación que afecta a las zonas de sequía y escasez estructural del levante español, no garantiza las aspiraciones comprensibles de los pueblos ribereños y no favorece el mantenimiento de la difícil situación de equilibrio alcanzado con el Memorándum de Entendimiento Tajo-Segura, que logró separar el orden técnico y el político para la toma decisiones. Finalmente, los parlamentarios de VOX sospechan que la ruptura del carácter técnico de la Comisión de Explotación es, en realidad, la estrategia buscada por el Gobierno para dinamitar los equilibrios que rodean el sistema de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura y hacer inviable esta gran obra de Estado.
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.
