Así han dado lectura a un manifiesto en el que han indicado que tras un año de la publicación en el BOE de la Ley de Tasas “se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación”, además y según los abogados "esta Ley ha privado a muchos miles de ciudadanos del derecho a la tutela judicial efectiva, formando una injusta barrera para el acceso a la justicia".
Por otro lado, en el manifiesto denuncian la pésima gestión material de las tasas judiciales, garantizada durante este año, por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los ciudadanos y profesionales.
Estos abogados también solicitan que el Gobierno escuche la voz de todos los colectivos afectados, pues somos los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía y valore el hecho sin precedentes de que “todos los actores de la justicia continuamos unidos frente a las reformas y acciones del Gobierno que afectan gravemente el Estado de derecho y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.
Igualmente, han señalado que están dispuestos a la negociación y al diálogo, y han mostrado su rechazo a un modelo de “Justicia impuesta y no negociada”. Para este colectivo, es de vital importancia que el Ejecutivo sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado “en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia. Y sobre todo, que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002".
El Manifiesto ha sido aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española en consenso con la Plataforma Justicia para Todos y con asociaciones de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales.
