El Auto viene a cerrar la fase de instrucción y “declara la apertura de la fase de juicio oral para las seis personas hasta ahora imputadas, tras haber practicado cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que en ellos tuvieron participación”, indica la nota.
De Lugo explica que “El 16 de septiembre de 2015 ya se había acordado la transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado Penal contra los miembros del tribunal calificador (a excepción del representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), por haber presuntamente cometido un delito de prevaricación. Las personas imputadas el pasado otoño fueron Felipe Rodríguez Aguilar (entonces Teniente Alcalde y Concejal de Cultura), Juan Rodríguez Rincón (Comité de Empresa CC.OO.), Salvador Galán Rubio (abogado del Ayuntamiento) y Rosario García Huerta (profesora de Arqueología de la Universidad de Castilla-La Mancha). Cada uno de ellos ha debido depositar en los Juzgados una fianza de 45.000 para satisfacer la eventual responsabilidad civil que pudiera derivarse del caso. El ayuntamiento de Valdepeñas ha sido considerado por la Justicia responsable civil subsidiario”.
También señala y según indica el Auto recién emitido que “nueve meses después la Audiencia Provincial ha decidido incluir, también como imputados, a Javier Pérez Avilés y Julián Vélez Rivas. Esta vez por un delito de tráfico de influencias. Se trata del Jefe del Servicio de Cultura y del arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas. De lo actuado se desprende que los hechos objeto de instrucción pudieran ser constitutivos de delito. Existen motivos suficientes para la incoación del Procedimiento Abreviado y el pase a la fase de calificación”.
El denunciante del posible delito, el arqueólogo Luis Benítez de Lugo, comunica que “diez años después de suceder aquellos hechos, sucedidos en el ayuntamiento regido por el socialista Jesús Martín, la Justicia va consiguiendo cerrar el círculo sobre los responsables. Primero se determinó la implicación de los miembros del tribunal calificador designados por el alcalde y por el ayuntamiento de Valdepeñas. En este momento se da un paso más, contemplándose que el delito se produjo para favorecer a una persona y por influencia de alguien, no sólo con la intermediación de los miembros del tribunal calificador. Ya sólo queda determinar quién fue ‘il Cappo’ de toda la operación. No es otro que el ex-senador y alcalde Jesús Martín. Él podría haber tomado medidas cautelares y disciplinarias para esclarecer los hechos, pero lo que ha hecho es todo lo contrario: nada. Al menos sobre este caso. Lo que sí hizo fue intentar, sin éxito, menoscabar mi credibilidad y anular mi voz, utilizando los resortes legales y la Administración que dirige para promover contra mí una denuncia por daños al Patrimonio que se ha demostrado falsa. A pesar de sus argucias la Justicia sigue, de forma inexorable, su camino en la investigación de las acciones del ayuntamiento que se encuentra bajo su dirección. No dudo que al final serán condenadas”.
