Con esta normativa, el servicio de ayuda a domicilio "pasa de ser un servicio público, universal y un derecho para dependientes y personas mayores a abrir las puertas a la privatización", según ha indicado la concejal de Servicios Sociales, Antonina Sánchez.
Y es que esta nueva normativa da opción a gestionar el servicio a través de empresas privadas o trabajadores autónomos.
Igualmente, la normativa marcada por la Junta "es una vuelta de tuerca más a la gestión de los ayuntamientos, puesto que éstos tienen que actuar con mucha celeridad para adaptar sus ordenanzas a la nueva normativa", la cual fue publicada en la segunda quincena de julio pero la Junta la aplica a los ayuntamientos desde el 1 de julio "lo que hace prácticamente imposible que éstos la modifiquen, la aprueben en Pleno, la publiciten y den audiencia a los interesados", según Sánchez.
En el caso de Valdepeñas, donde hay unos 340 beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento "tiene el camino andado", ya que hace unos meses se aprobó una ordenanza municipal de aplicación de este servicio de ayuda a domicilio en base a la nueva normativa nacional. Por eso, ahora tan sólo se han introducido algunas modificaciones, como la inclusión del decreto y la orden de la Junta.
Además, la nueva normativa se hace extensiva tanto a personas dependientes como a no dependientes y se fija el IPREM en 532,51 euros, así como la aportación mínima de los usuarios a 20 euros.
En este sentido, Sánchez ya ha adelantado que desde el Equipo de Gobierno "somos conscientes de que las cantidades que tienen que aportar los beneficiarios del servicio son desmesuradas", por lo que se han introducido unas bonificaciones y unos descuentos para que paguen menos y esa diferencia de coste la asuma el Ayuntamiento.
Así, se ha fijado un techo de aportación de cada usuario por tramos de ingresos. Por lo tanto, además de quedar exentas de pago las familias con renta per cápita inferior a 532,51 euros, las familias cuya renta per cápita oscile entre 532,52 y 798,77 euros no pagarán más del 8% de su renta per cápita; y las familias cuya renta per cápita se sitúe a partir de 798,78 euros no aportarán más del 10% de su renta per cápita.
Igualmente, también se establecen deducciones de pagos ordinarios o extraordinarios derivados de enfermedades crónicas o graves; del pago de servicios como residencias o estancias diurnas; o de alquiler y gastos de pensión alimenticia, entre otros.
Otras características de la nueva normativa
Por otro lado, la edil de Servicios Sociales ha explicado que la nueva normativa establece una nueva modalidad de servicio a través de un cheque-servicio que recibe cada usuario y con el que puede comprar en el mercado libre su ayuda a domicilio. "Esto es peligroso porque no controla los mecanismos de calidad y se pone en riesgo la supervisión de este servicio", según Sánchez, quien también ha apuntado que supone un "retroceso" a principios de los años 80 cuando los ayuntamientos concedían una ayuda económica a las personas mayores y ellos pagaban a un auxiliar que les atendía.
Además, la nueva normativa, según Sánchez, afecta a las personas mayores "porque con el modo de copago establecido se incrementa considerablemente la aportación de los usuarios, no establece bonificaciones o descuentos a las personas dependientes y, además, afecta a los auxiliares de ayuda a domicilio porque abre la incertidumbre al mantenimiento de los puestos de trabajo ya que la contratación se desviará a la empresa privada".
Por último, Sánchez ha destacado que en menos de dos años la Junta ha disminuido en un 31% el presupuesto del servicio de ayuda a domicilio para los ayuntamientos, ya que en 2013 ha sido de 33,9 millones de euros, mientras que en 2012 fue de 39,4 millones de euros y en 2011 ascendía a 49,7 millones de euros.
