Benítez de Lugo ha explicado que en el año 2013 realizó una intervención arqueológica “privada”, que derivó en el descubrimiento de la necrópolis del Cerro de las Cabezas, lo que ha dicho que “le sienta fatal al Ayuntamiento de Valdepeñas, porque llevaban treinta años investigando con fondos públicos en ese lugar”. De esta intervención deriva la denuncia de la Fiscalía.
Ha concretado que lo que hizo en esa intervención, “con permiso de la Administración competente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, fueron catas arqueológicas con escavadora mecánica y posteriormente de forma manual, además de prospecciones con detector de metales. Además, asegura que la Policía Municipal realizó una inspección “y dio el visto bueno a lo que estábamos haciendo, dejándonos continuar”.
Afirma que contaba también con el permiso para retirar y estudiar los materiales arqueológicos que encontrara en la parcela donde estaba trabajando y que “al Ayuntamiento esos hallazgos no le gustan”, de ahí que “presione” a la Junta de Comunidades y ésta emita un requerimiento de información.
Por ello, tuvo que realizar un informe detallado de las 400 piezas encontradas, con fotos, descripciones, interpretaciones y análisis de las mismas; y enviárselo a la Junta, para que en tres meses emitiese un dictamen. “La Junta en lugar de sancionarme o inhabilitarme no hizo nada. Lo que ha hecho en estos años es darme más permisos de intervención arqueológica y darme dinero para financiar mis campañas de intervención arqueológica, cosa que no se hace con alguien que es sospechoso de cometer expolios”. Reitera Benítez de Lugo que “la Administración está tranquila y satisfecha con mi modo de proceder” lo que según el prueba que “está más contenta con mis proyectos que con los que le presenta el Ayuntamiento, al que ha entregado una subvención de 10.000 euros mientras que a mí 18.000”.
Sobre la situación hoy de estos materiales hallados ha aclarado que tal y como permite la Ley, “en este momento están siendo objeto de estudios, y desde luego no están subidos a eBay o desaparecidos, están totalmente controlados por el director de los trabajos, que soy yo. Al Ayuntamiento le gustaría arrebatármelos por el titular y por la importancia científica que tienen, y en esa línea están”.
También ha dicho que en su día puso los materiales a disposición de la titular de del Juzgado de Valdepeñas, cuando tuvo que presentar declaración por la denuncia de la Fiscalía en enero de este año.
Declaró entonces asegura, tras un informe “torticero, mediocre y sesgado” ante el que la Fiscalía “como no podía ser de otra manera” abrió un expediente para aclarar lo ocurrido. Pero afirma que “el Alcalde miente cuando dice que la Fiscalía se ha puesto en contacto con ellos para informarles de que ha habido algún indicio de delito. No ha podido hacerlo porque hasta hace unos días, no eran parte de esta investigación. Lo que si conoce el Alcalde es la apertura a trámite de esta investigación”.
Benítez de Lugo ha vinculado todo este asunto con el hecho de que ahora milite en Podemos y sea “antagonista político “de Jesús Martín, de quien asegura que “como ve que no puede doblegarme a pesar de las amenazas, intenta la contratación con fondos otra vez públicos de un abogado y un procurador para que me persigan judicialmente en este intento de hacer ruido”.
Los “orígenes” del litigio
Benítez de Lugo ha recordado que fue en el año 2002 cuando él denunció por primera vez al Ayuntamiento de Valdepeñas por expolio en el Cerro de las Cabezas y de nuevo en 2006 tras la convocatoria un año antes de la oposición para la plaza de arqueólogo municipal “que resultó ser un fraude, algo que no es una opinión mía, es algo sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de C-LM”.
En 2010, interpuso una querella ante este mismo Tribunal por la que Martín fue imputado. “Parece que ha tenido una amnesia repentina, es insólito que el Alcalde diga que nunca nadie había estado imputado en la Casa Consistorial. Él lo ha estado durante muchos años y a pesar de eso luego ha sido exonerado por la Justicia”.
En conclusión, ha lamentado el “enorme quebranto” económico de todos estos procesos judiciales para el Ayuntamiento. Asegura que han sido “cientos de miles de euros los que han sido financiados con dinero público; recursos y más recursos y contratar a un abogado y a un procurador para que me persigan, cuando la Junta de Comunidades tiene un personal competente para velar por el patrimonio público”.
