Martín formuló la pregunta en la sesión de control parlamentario de la Cámara Alta “desde la esperanza de que juntos reflexionemos y corrijamos lo que considero es un dislate”.
Por su parte, el Ministro, ante las consideraciones planteadas por el senador socialista, contestó que ni tiene previsto ni es intención del Gobierno modificar la legislación en aras a la libertad de comercio para cualquier actividad económica.
El parlamentario del PSOE explicó que el Real Decreto-Ley 4/2013, de medidas de apoyo al emprendedor modifica la “Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos y establece que “Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.” También subraya que “Estas instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio.”
Jesús Martín destacó que estos dos párrafos han dado lugar a dos manifiestas injusticias: la penúltima injerencia del Gobierno en la autonomía municipal, secuestrándole los criterios sobre su territorio y que el Ejecutivo anteponga los intereses económicos a la seguridad y la vida de los ciudadanos.
Martín indicó que podría entenderse desde el criterio de libre comercio, la instalación de una gasolinera en cualquier lugar, máxime si esta se ubica en una gran metrópoli donde un ciudadano tendría que desplazarse notables distancia para su suministro. Pero puntualizó que “no es entendible en localidades como la mía, que con menos de 50.000 habitantes, su casco urbano se circunscribe a distancias razonables y accesibles”.
El Alcalde de Valdepeñas afirmó que podría argumentarse que estas instalaciones están sometidas a un riguroso control de medidas de seguridad, pero lo cierto es que la legislación no puede prevenir una deflagración por acumulación de energía electrostática.
Por todo ello, Jesús Marín solicitó al Ministro Soria que anule esta parte del Real Decreto, o en su defecto, redacte un Reglamento que lo desarrolle donde este tipo de instalaciones se asienten a distancias de seguridad de centros sensibles como colegios, residencias de ancianos o centros sanitarios, entre otros. También reclamó que se devuelvan las competencias a los ayuntamientos para que a través de sus instrumentos de planificación territorial o urbanística puedan regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta. “Creo que lo solicitado entra en razón y en lógica”, apostilló.
