LÓPEZ &GALÁN ABOGADOS cuestiona el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministro del Interior. Esta actuación puede calificarse como un ataque del Ejecutivo a la separación de poderes y una grave injerencia en el Poder Judicial, que puede implicar una responsabilidad jurídica y política. En un Estado social y democrático de Derecho es inadmisible que se provoquen ceses en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por actuar conforme a la ley. La negativa a entregar al Ministerio del Interior un informe que requiere un Juzgado de Instrucción, en el que se pueden depurar responsabilidades a la Administración por una falta de diligencia en la gestión de la crisis sanitaria, es parte del principio de separación de poderes consagrado constitucionalmente. Los jueces pueden investigar a los poderes públicos y podrán exigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todo tipo de información al respecto, porque es un ejercicio legitimo de su función judicial. Ningún poder público incluido el Ministerio del Interior puede entorpecer la labor de un juez, generando injerencias en su actuación, y mucho menos solicitar las pruebas o informes al objeto de poder analizarlo o modificarlo para evitar responsabilidades. Esto sería un delito, y además hay que recordar que en esta investigación se ha imputado al Delegado del Gobierno en Madrid.
Las injerencias del Ejecutivo en las actuaciones del Poder Judicial pueden suponer responsabilidades jurídicas y políticas. Ningún poder público puede entorpecer la labor de un juez.
Para LG ABOGADOS la actuación de la Unidad de Policía Judicial está enmarcada dentro de la investigación de un delito encomendado por una magistrada en el seno de una causa penal. No olvidemos que, independientemente del cruce de cifras oficiales, han muerto en España más de 28.000 personas y eso exige una investigación a fondo judicial para depurar responsabilidades. Si el coronel objeto de la destitución hubiera facilitado la información que le solicitó el ministerio se consideraría una interferencia en la labor de la Justicia, e implicaría un delito por revelación de secretos o desobediencia por incumplir una orden expresa de la autoridad judicial. En el derecho penal existe el secreto de actuaciones, en el que las partes no tienen conocimiento sobre ellas. Esto implica que en base a la separación de poderes el Gobierno no puede inmiscuirse en las investigaciones judiciales.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que los miembros de las unidades de Policía Judicial no pueden ser removidos o apartados de una investigación concreta que les haya sido encomendada por una autoridad judicial hasta que finalice y siempre con autorización o por decisión del juez o fiscal competente.
Una de las características esenciales de los sistemas democráticos es la separación de poderes. Sin embargo, una aspiración permanente del poder político ha sido la de controlar tanto al Legislativo como, sobre todo, al Judicial; porque el Poder Judicial es el decisivo a la hora de asegurarse la impunidad. En los sistemas representativos, el Poder Legislativo, así como el Ejecutivo, tienen un mismo origen, ya que son el resultado de la expresión popular en las urnas. En todo caso, una sociedad puede sobrevivir algún tiempo con un Poder Legislativo o Ejecutivo que responde malamente a las necesidades reales de la sociedad, pero lo que no podrá soportar será una justicia dependiente o sumisa. Eso sería un embate a la democracia de consecuencias imprevisibles.
Por otro lado, el ejercicio de un fuerte control político del Poder Judicial inevitablemente repercute en un aumento de la inseguridad jurídica y la corrupción. Ha habido ocasiones en las que el Poder Judicial se convierte en la correa de transmisión del poder político, oscilando en uno u otro sentido de acuerdo con las conveniencias del momento. Por eso, aunque desde la clase política con frecuencia se alude a la cantidad de casos relacionados con la corrupción que procesan los tribunales, lo cierto es que, de todas estas investigaciones pocas han prosperado hasta el punto de inculpar a los principales responsables políticos. No obstante, para consolidar el Estado social y democrático de Derecho es necesario recuperar la separación de poderes e impedir que el Ejecutivo siga realizando actuaciones tan lamentables como las que estamos asistiendo, de lo contrario los ciudadanos entrarán en un retroceso absoluto que los abocará a los totalitarismos y populismos.
