viernes. 29.03.2024

Justicia y Progreso ha enviado una nota en la que recuerda que "estamos inmersos en campaña electoral, es tiempo de promesas electorales, los distintos grupos políticos auguran en sus programas lograr que la Administración de Justicia sea ágil, eficaz y moderna".

Los trabajadores de la Administración de Justicia en Ciudad Real hartos de oír promesas electorales incumplidas, legislatura tras legislatura

En el mismo escrito señalan que “Justicia y Progreso” ha puesto en conocimiento de los distintos responsables del Ministerio de Justicia, con distinto color político, las numerosas carencias y deficiencias, tanto desde un punto de vista de personal, como material de esta “cartera” de la que sólo ahora se acuerdan algunos.

"Los distintos grupos coinciden en que van a “modernizar esta administración”, "agilización de los expedientes judiciales", "un plan de inversiones en nuevas sedes judiciales”, “proteger a las víctimas en los procesos más dolorosos", “incrementarán los recursos para asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos", así como “dotar a la administración de una legislación que ampare procedimientos eficaces ". Incluso consideran un logro dentro de esta Administración de Justicia el Pacto de Estado contra la violencia de género, cuando no ha supuesto ningún cambio en ésta", añaden.

"No seremos nosotros los que nos opongamos ante tal revolución, pero NO NOS LO CREEMOS. No es una afirmación baladí, campaña tras campaña, siempre las mismas promesas, y como dice la canción “todo sigue igual” o peor".

Igualmente, recuerdan que "concretamente en la provincia de Ciudad Real, llevamos años comunicando que esta Administración no es típica, y que las nuevas aplicaciones que se están “metiendo con calzador”, a modo de ejemplo; “papel 0”, “justicia digital” “oficina judicial y fiscal”, se están implantando de forma precipitada".

También explican que "no se crean nuevos juzgados desde hace casi diez años, las plantillas están desactualizadas y son escasas, los juzgados sobrecargados, donde los trabajadores, en su puesto, sufren riesgos psicosociales, cobran menos dinero por hacer el mismo trabajo que en otras Comunidades Autónomas. Además, ese vanagloriado pacto de estado de violencia de género no contempla medidas que mitiguen la sobrecarga de trabajo de todos los juzgados de esta provincia que compatibilizan sus funciones propias, con las de Violencia Sobre la Mujer".

"En definitiva Sres/ras políticos/as, una vez lleguen a sus puestos de responsabilidad acuérdense de lo que dijeron. Como desconfiamos de ello, “Justicia y Progreso” se lo recordará".

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