LÓPEZ & GALÁN ABOGADOS considera un grave error plantear una derogación integra de la reforma laboral del 2012. La falta de apoyo político y las críticas sobre una gestión nefasta de la crisis sanitaria, que ha convertido a España en uno de los países con más victimas mortales del mundo, abocan al Gobierno a tomar decisiones equivocadas que pueden suponer una nueva fractura en la situación económica. Su pacto al margen del control político de las Cortes ha significado una nueva deslealtad de un Gobierno dividido, donde todo vale para que el Presidente mantenga su estatus de poder. Un nuevo fallo que evidencia la crisis política emergente de un Ejecutivo que no terminan de dar solución a los problemas sociales y económicos que se avecinan, y que desgraciadamente implican a un incremento de las bolsas de pobreza. De hecho, muchos trabajadores siguen sin haber cobrado sus prestaciones por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tras más de dos meses de confinamiento. La supervivencia de algunas familias depende de la caridad de instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales.
Una derogación íntegra de la legislación de empleo es contraproducente y puede perjudicar gravemente la situación económica del país
La derogación de la reforma laboral es contraproducente, y carece de sentido. España está en un momento en el que es necesario no agravar la situación laboral de empresas y autónomos, así como promover una reconstrucción del tejido económico y empresarial. La reforma laboral que se produjo con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, no está concentrada en una sola norma, sino que ha sido conformada por una pluralidad de normas. Su diseño era amplio, complejo y se realizó para superar la crisis económica que arrastraba la sociedad española desde el año 2008. Tal y como exponía el preámbulo de esa ley la gravedad de la crisis no tenía precedentes pues España había destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas, una situación parecida a las que tenemos en la actualidad. Su contenido formaba parte de regulaciones claramente protectoras del trabajo con medidas tales como la adaptación de jornada por motivos de conciliación e incluso medidas como los ERTES, que se ha utilizado en esta nueva crisis.
LG ABOGADOS señala que la derogación “íntegra” no es viable en su totalidad por esa complejidad jurídica que conllevaría, así como porque la derogación de una norma no provoca que recuperen vigencia automáticamente las regulaciones precedentes a las de la norma derogada. Además, el procedimiento de derogación tiene que pasar por la supervisión y aprobación de las Cámaras. La reforma laboral del Gobierno no tiene un planteamiento solvente y creíble, sino una estrategia política que abunda en la crispación y la deslealtad. Una carnaza ideológica de unos grupos políticos perdidos en sus intereses partidistas y ajenos a la protección del interés general, que aprovechan la debilidad del Ejecutivo para tener su anuencia. Asimismo, la mayor equivocación en esta propuesta de reforma laboral ha sido plasmarla en un documento, con la firma de tres partidos que han actuado al margen de algunos ministros del Gobierno, así como del resto de partidos políticos que conforman el Congreso. Esa traición a la Cámara traerá consecuencias políticas en los próximos meses.
Por otro lado, la pretensión del acuerdo es contraproducente desde el punto de vista económico. La recuperación de instituciones del pasado, con unas relaciones laborales rígidas y un resurgimiento del intervencionismo administrativo en ellas, es lo último que necesita el mercado laboral. En todo caso las políticas deben pasar por mantener la organización del trabajo, flexibilizando la producción, creando un ambiente propicio para que las empresas puedan volver a la actividad con efectividad y eficiencia. Hay que afrontar los nuevos problemas de las relaciones de trabajo en los que toman especial presencia la consolidación del teletrabajo, creando una organización del trabajo suficientemente flexible para permitir la adaptación continua que las empresas necesitan para sobrevivir. Todo ello desarrollando nuevas pautas preventivas y sanitarias en el centro de trabajo, es decir aplicando medidas lógicas sin tener que hacer una reforma laboral en su totalidad.
Finalmente, tal y como se ha planteado la propuesta de derogación íntegra de la reforma, su anulación total, encierra sobre todo un mensaje político que confunde a la sociedad. En este sentido, se patrimonializa la idea de que la protección de los derechos de los trabajadores solo recae en determinados partidos. Esa falta de empatía política es susceptible de crítica y perjudica al tejido empresarial. Hay que insistir que la gravedad de la situación económica exige adoptar unas medidas puntuales que proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza.
